La clase política: una amenaza al Estado laico

 

 

Por Humberto García de la Mora

 

El pasado 19 de junio, tuvo verificativo el foro “República Laica y la Reforma al artículo 24 Constitucional”, evento organizado por la Universidad de Guadalajara y el Foro Cívico México Laico. La sede de este simposio fue el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, aula magna de la máxima Casa de Estudios de Jalisco. Correspondió a Bernardo Barranco (sociólogo de las Religiones), José María Murià (decano de los historiadores jaliscienses), Eliézer Gutiérrez (vocero de la Iglesia La Luz del Mundo), Clemente Castañeda (diputado local del partido Movimiento Ciudadano) y Jaime Prieto (diputado local del PRI), dictar las ponencias en esta mesa de análisis.

 

Bernardo Barranco, periodista y sociólogo de las religiones, fue el encargado de abrir la ronda de ponencias. El título de su disertación –que no dejó lugar a interpretaciones– se intituló: “La clase política: una amenaza al Estado laico”. En su intervención, el académico advirtió sobre el oportunismo político de algunos funcionarios públicos en la actual coyuntura: “… ahora se ha sumado una clase política pragmática que se convierte al mismo tiempo en una amenaza real al carácter laico mexicano. Estamos ante un momento en que la clase política parece estar saliendo del clóset… Hay una especie de desinhibición político-religiosa de la clase política que establece vínculos, sin empacho, frente a lo religioso”.

 

En relación con el tema educativo, el especialista destacó que éste “es un tema medular porque forma parte de la historia que hemos tenido en nuestro país. Cuando la derecha católica plantea que hay que homologar los tratados de Costa Rica (1969), con las convenciones internacionales, es claro que estamos ante un falso debate (…). Cuando estas ´libertades´ se quieren meter a fuerzas en una realidad de un país como el nuestro, que ha tenido dos guerras fratricidas, en un país donde costó mucho construir el Estado moderno y democrático a partir del acotamiento religioso– resulta sencillamente un despropósito. El Estado laico, más que una definición o un concepto, es ante todo un proceso dinámico. La laicidad como proceso es un instrumento social de convivencia, por tanto, la laicidad es un instrumento de convivencia social, un factor de paz, de tolerancia y gobernabilidad.

 

 “Uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años en este país, es que la Iglesia católica se ha erigido como tutelar de los valores y, en consecuencia, se han convertido los valores, la ética y la moral social en un espacio de litigio, de confrontación política, porque ella se constituye en ´baluarte´ y ´protectora´ de un conjunto de valores que nadie le ha dicho que es la depositaria o salvaguarda de ellos. A partir de ello, la jerarquía católica presiona y condiciona a los actores políticos al tema de lo electoral (…). La Secretaría de Gobernación, por su parte, ha sido autista, es decir, se ha hecho de la vista gorda ante los atentados al Estado laico... No ha hecho nada (…). Tenemos, pues, una clase política que ha perdido identidad; una clase política pragmática, inculta en términos de tradición, de trayectoria y de escuela ideológica. Estamos ante una crisis de una clase política que lo que más le interesa es el posicionamiento de procesos electorales, es decir, una clase política que se convierte en una clase de operación política, más que de concepción o de visión de un país”, concluyó el investigador.

 

En su turno, el historiador jalisciense José María Murià recordó que la democracia no es sólo el respeto a las mayorías sino el de las minorías. Las sociedades no son monolíticas: todos debemos de caber en el conjunto social y tenemos el derecho a ser tratados con el mismo respeto. La imposición de conceptos, bajo la premisa de que unos son éticos y otros no lo son, simple y sencillamente no se valen en un Estado democrático. Uno de los elementos fundamentales para que una sociedad viva en paz es que sea una sociedad laica”.  

 

En relación con la amenaza que representa la clase política contra el Estado laico –a raíz de la promulgación de la reforma del artículo 24 constitucional– Murià agregó: “La ambición de algunos funcionarios públicos, y sus deseos de conseguir chamba, los ha llevado a unas alianzas y asociaciones verdaderamente siniestras (…). No veo claro cómo es posible que la izquierda mexicana pueda aliarse con la ultraderecha para estos objetivos comunes… Eso me hace pensar que lo que actualmente sucede es la pérdida del respeto a las ideas, al destino que queremos de país y a la ruta hacia nuestro futuro; es decir, se ha perdido el respeto por el porvenir. En este tenor, es muy grave la situación en la que está entrando nuestro país… En este caso diría que estamos ante un problema de seguridad nacional (…) Cabe insistir que la lucha seguirá”. 

 

El Occidental, 25 de junio de 2013, p. 6A.

 

 

La clase polítca amenza al Estado laico.
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Religión y política

Margarita Arellanes Cervantes, alcaldesa de Monterrey, Nuevo Léon.
Margarita Arellanes Cervantes, alcaldesa de Monterrey, Nuevo Léon.

 

 

Por: Humberto García de la Mora

 

La historia es más que conocida… El pasado 8 de junio, la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, en un acto político-religioso “entregó” la ciudad que gobierna a Jesucristo: “Yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido”. En esta ceremonia religiosa, la funcionaria regia quebrantó el Estado laico al violar el Artículo 40 Constitucional (que establece el carácter laico del Estado), y el Artículo 130 (que habla del principio histórico de la separación entre las Iglesias y el Estado), al igual que otros funcionarios públicos lo han hecho en los últimos meses, sin que hasta la fecha hayan sido sancionados.

 

El caso de la alcaldesa de Monterrey no es único. En la misma línea de lo acontecido en el municipio regio, otros tres alcaldes (los de Guadalupe, Benito Juárez y Ensenada) hicieron lo propio. Enrique Pelayo Torres, alcalde de Ensenada, en agosto del año pasado, dijo: “Doy las llaves de la ciudad a Jesucristo...”.  El alcalde de Guadalupe, Nuevo León, por su parte, dijo en diciembre: “Yo, César Garza Villarreal (…) entrego la ciudad a nuestro señor Jesucristo”. Unos días después, el primer edil Rodolfo Ambriz Oviedo secundó a sus pares: “Yo, alcalde de Ciudad Benito Juárez, Nuevo León, hoy a 1 de enero de 2013, ante la sociedad de esta ciudad, hago entrega de las llaves de la ciudad a Jesucristo”.

 

Cabe destacar que el asunto en comento supera el ámbito municipal: dos gobernadores de sendos Estados con niveles elevados de violencia, Chihuahua y Veracruz, han “encomendado” al Corazón de Jesús y a la Virgen María, respectivamente, el cuidado de sus entidades. En el primer caso, el pasado mes de abril, el gobernador se consagró en una multitudinaria ceremonia celebrada por el arzobispo de la capital chihuahuense ante más de 14 mil personas: “Yo, César Duarte Jáquez, por este medio pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude a la intercesión del inmaculado corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua. Declaro mi voluntad delante de Dios, delante de los señores obispos y de mi pueblo. Amén” (El Sol de México, 20 de abril de 2013).

 

El Estado y sus funcionarios no pueden ser agentes de promoción religiosa. Es por ello que las muestras de fervor religioso entre los citados funcionarios, cargadas de un inocultable oportunismo político, pertenecen a la esfera privada y no a las políticas de gobierno. En este tenor, el doctor Roberto Blancarte critica que “a los políticos mencionados les parece lo más normal que un funcionario electo actúe como líder religioso en un acto público, promoviendo una fe en particular. No parece que se den cuenta de las graves implicaciones de sus actos (…). Así, en lugar de un Estado laico, estamos en la vía de un Estado multiconfesional” (Milenio, 11 de junio de 2013).


Ante los actos señalados, que enrarecen y perturban el clima de sana convivencia, la Secretaría de Gobernación –a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos– debería iniciar una indagatoria y, en su caso, imponer una sanción administrativa a los políticos en comento que quebrantaron el carácter laico del Estado. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), establece que “el Estado mexicano es laico” (artículo 3). Refiere, además, que las autoridades federales, estatales y municipales “no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni actividad que tenga motivos o propósitos similares”, ni “podrán establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia y agrupación religiosa” (artículo 25). Los funcionarios públicos que quebranten los artículos 40 y 130 constitucionales, así como la LARCP, estarían violando el Estado laico.

 

Sería caótico e inimaginable el hecho de que, en cascada, los titulares de las 32 entidades federativas y los 2,438 municipios del país comenzaran a “entregar” sus territorios jurisdiccionales a las deidades propias de sus creencias religiosas. La aplicación de la ley, sin lugar a dudas, es el único camino para contrarrestar los embates sistemáticos contra el Estado laico. Ni más ni menos…

 

Pd. El miércoles 19 de junio, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara se llevará a cabo el foro “República Laica y la Reforma del Artículo 24 constitucional”, organizado por la Universidad de Guadalajara y el Foro Cívico México Laico. Participan: el maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la UdeG; los diputados locales J. Trinidad Padilla López y Clemente Castañeda; el maestro Bernardo Barranco Villafán, Sociólogo de las Religiones; y el licenciado Eliézer Gutiérrez Avelar, vocero de la Iglesia La Luz del Mundo. El evento inicia a las 10:00 horas. La entrada es libre.  

 

El Occidental, 18 de junio de 2013, p. 7A.

 

 

 


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Magisterio colegiado a favor de la educación laica

 

 

 

Por Humberto García de la Mora

 

El pasado 31 de mayo, el Colegio de Profesionistas de la Educación del Estado de Jalisco, “Lic. Alberto Orozco Romero”, presidido por el maestro Baldemar Abril Enríquez, llevó a cabo el foro denominado: “La educación laica y la reforma del artículo 24 constitucional”, en céntrico hotel de la ciudad. A este evento tuve la deferencia de ser invitado a participar como ponente, a título personal, junto con los maestros Josefina García, Marcos González y Pascual de Anda.


La maestra Josefina García fue la encargada de abrir la ronda de ponencias. En su partición así advirtió: “¿De qué manera impactará esta reforma del artículo 24 constitucional en nuestra sociedad? ¿Se trata de una ampliación de libertades en materia religiosa o la restitución de privilegios a favor de una creencia en particular? Al aprobarse el artículo 24 constitucional, para plasmar en él la libertad de religión, inevitablemente será reformada la fracción primera del artículo tercero constitucional. Al permitirse expresamente la práctica de cultos religiosos tanto en lo público como privado, será traspasada la barrera de la laicidad en las escuelas públicas. Es por ello que una de las consecuencias más controvertidas de esta reforma, es que en un futuro se abrirían las puertas a la educación religiosa en las escuelas públicas”.


El maestro Pascual de Anda, por su parte, señaló que “esta reforma no tiene como trasfondo la ampliación de libertades sino de cumplir las exigencias de una creencia en particular, quien, enarbolando una sesgada interpretación de libertad religiosa, busca resucitar antiguos privilegios, tales como: instrucción religiosa en las escuelas públicas; participación del clero en política electoral; instalación de capellanías en el Ejército y la Marina; subsidio estatal para sueldos de ministros de culto, además de la posesión y control de medios de comunicación electrónicos, entre otros”.


En su turno, el maestro Marcos González destacó que “la aprobación de la reforma del artículo 24 constitucional, por su trasfondo, interpretación y consecuencias, afectará el régimen de libertades que, dentro del marco del Estado laico, hemos disfrutado los mexicanos y, de manera particular, las minorías religiosas; y es que, la introducción de educación religiosa en las escuelas públicas es uno de los objetivos que se persiguen con dicha modificación”.


En mi participación, recordé a los asistentes (maestros y representantes de los medios de comunicación), que uno de los argumentos en que se apoyó la reforma en comento –que aparece en la exposición de motivos de la Cámara de Diputados en diciembre 2011– es la errónea vinculación que se pretende llevar a cabo entre la Constitución Política y el Pacto de san José (1969), que en su artículo 12 señala que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Este tratado, cabe subrayarlo, jamás establece o vincula que la educación religiosa deba impartirse en las escuelas públicas ni que debe ser financiada por el Estado: los padres de familia, si así lo desean, pueden inculcar la religión de su preferencia a sus hijos en el hogar o en los templos (espacios destinados para tal fin), jamás en la escuela laica.


Las líneas de acción asumidas por el Colegio de Profesionistas de la Educación del Estado de Jalisco, en relación con la defensa de la educación laica, fueron las siguientes:


a) La creación de un observatorio ciudadano laico, a nivel nacional, que esté al pendiente de las violaciones que se cometan en detrimento de la educación laica.


b) Un acercamiento con las universidades públicas, el magisterio, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), las comisiones estatales de los derechos humanos, las asociaciones civiles y religiosas, legisladores, académicos, intelectuales, ciudadanos en general, entre otros, con la finalidad de crear un frente de defensa de la educación laica en nuestro país.


c) Aportar elementos teóricos (jurídicos, políticos, sociológicos e históricos), para la redacción de las leyes reglamentarias de los artículos 24 y 40 constitucional, en donde se defina lo que es un Estado laico, en el caso mexicano, y se salvaguarde la continuidad de educación laica, y se destaque el proceso histórico cruento que vivió el país para consolidar dicha conquista social.


d) La organización de foros universitarios, conferencias, simposios, coloquios, jornadas de divulgación a nivel nacional y mesas de trabajo –entre otras actividades–, en donde se lleven a cabo debates públicos sobre la situación actual de la educación laica y se abra una convocatoria a los estudiantes para que participen en la elaboración de ensayos sobre el tema, y que los mejores trabajos sean premiados y publicados.


Considero, en conclusión, que el citado plan de trabajo asumido por el Colegio de Profesionistas de la Educación, es un modelo digno de ser imitado por otras instancias educativas a nivel nacional. La preservación y continuidad de la educación laica así lo exigen.

 
El Occidental, 4 de junio de 2013, p. 6A

 

El Occidental, 4 de junio de 2013, p. 6A.
Magisterio colegiado El Occidental 4 de
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El pensamiento laico de Benito Juárez

 

 

Por Humberto García de la Mora

 

En fechas recientes, funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno han venido quebrantando, de manera pública y sistemática, el Estado laico mexicano. Entre los políticos infractores, destacan, entre otros, los gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jaquez, y Veracruz, Javier Duarte Ochoa, quienes consagraron sus respectivas entidades al Sagrado Corazón de Jesús y al Doloroso e Inmaculado Corazón de María. Con ello, encomendaron sus funciones de gobierno a un culto religioso, en un acto ilegal y discriminatorio, por decir lo menos.


En este tenor, el senador panista Javier Corral presentó una denuncia contra el gobernador de Chihuahua ante la Secretaría de Gobernación, el pasado 9 de mayo, por quebrantar los artículos 24, 40 y 130 de la Constitución –en donde se reconoce el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias y el carácter laico del Estado mexicano–, así como el 1º, 3, 25 y 29 fracción 9 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

 

Ante los citados embates contra el Estado laico –que cada día son más desinhibidos y recurrentes–, resulta oportuna la aparición de la colección “Cuadernos Jorge Carpizo. Para entender y pensar la laicidad”, una obra que fue editada este año por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que consta de 28 ensayos (todos relacionados con el estudio de la laicidad en nuestro país). Entre los títulos que conforman esta obra, destacan los siguientes: “Laicidad y medios de comunicación”, de Raúl Trejo Delarbre; “Laicidad y discriminación”, de Jesús Rodríguez; “Laicidad y libertad religiosa”, de Miguel Carbonell; “Laicidad y educación”, de Carlos Martínez Assad; y “Laicidad y cultura”, de Diego Valadéz. En esta colaboración, estimados lectores, haré una referencia al cuaderno número uno de esta colección: “El pensamiento laico de Benito Juárez”, de la historiadora Patricia Galeana.

 

En la primera parte de este estudio histórico, la doctora Galeana explica la situación que privaba en nuestro país a principios del siglo XIX: "La construcción del Estado laico en México es un tema capital de la historia política y cultural del país. El Estado confesional y la intolerancia religiosa existieron en México desde la conquista española. Tal condición prevaleció durante medio siglo de vida independiente a través de los textos constitucionales. En la Constitución de Apatzingán, promulgada en plena guerra insurgente, en la Constitución Federal de 1824, así como en las Constituciones unitarias de 1836 y 1843, se estipulaba, entre sus primeros artículos, que la única religión que se podía profesar era la católica sin tolerancia de ninguna otra. De ahí la importancia de la obra de Benito Juárez y de la generación que él encabezó, misma que logró hacer compatibles sus creencias religiosas con sus convicciones políticas, para suprimir al Estado confesional y establecer un Estado laico”.

 

En relación con la convicción republicana del político oaxaqueño, la autora escribe: "Juárez manifestó también sus convicciones laicas, al considerar necesario que en la República no hubiera más que una autoridad civil, del modo que lo determine la voluntad nacional, sin religión de Estado y desapareciendo los poderes militares y eclesiásticos (…). Juárez se enfrentó con el poder clerical desde el inicio de su práctica profesional, cuando defendió a los indios de Losicha del oneroso pago de obvenciones parroquiales, lo que le costó que el cura del lugar hiciera que lo encarcelaran y mantuvieran incomunicado por nueve días. Al llegar a la gubernatura de su estado por primera vez en 1847, Juárez declaró que un gobernante ´no debe tener más bandera que la ley´, ante quien son ´iguales todos los hombres´. Tales principios no eran compatibles con la sociedad estamental que existía. Las corporaciones eclesiástica y militar gozaban de fueros y tenían sus propias leyes y tribunales.

 

“Al triunfo de Ayutla, Juárez (…) emitió la primera Ley que reformó la Administración de Justicia. Con el fin de establecer la igualdad jurídica de los mexicanos, suprimió la posibilidad de que los tribunales especiales de las corporaciones eclesiástica y militar ventilaran delitos del orden común. De acuerdo con su propio testimonio, fue la chispa que encendió la llama de la rebelión. El clero rechazó la ley. El arzobispo Lázaro de la Garza y el obispo Clemente de Jesús Murguía escribieron al ministro para que se derogara el texto, con el argumento de que no podía darse tal legislación sin la autorización del Papa, a lo que Juárez respondió que no tocaba ´puntos de religión´, y que su objetivo era ´restablecer la igualdad de derechos desnivelada por los soberanos´. El Papa Pío IX condenó expresamente la Ley Juárez, así como la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos, de junio de 1856, conocida como la Ley Lerdo. Para la Iglesia católica México era un Estado confesional, razón por la cual su gobierno debía acatar la autoridad pontificia. Durante quince años el pontificado había condenado la Independencia de México. Tres papas habían exhortado a los mexicanos a regresar a la dominación.

 

“Después de un año de debates y con la representación de todas las fuerzas políticas, el 5 de febrero de 1857, se promulgó la Constitución, que por primera vez en la historia de México no estableció la intolerancia religiosa (…). La Constitución sentó las bases de un Estado laico. La condena de la Iglesia católica a la Carta Magna fue inmediata, esgrimió su arma más poderosa: la excomunión ipso facto a todo aquel que la jurara. Ante esto no había solución posible, y estalló la guerra civil”.

 

La doctora Galeana, en la parte final de su obra, destaca que “al final de la guerra, cuando estaba cerca la victoria final, Juárez decretó la Ley de Libertad de Cultos el 4 de diciembre de 1860. En su artículo 1o. se estableció que las leyes protegerían al culto católico y a los demás que se establecieran en el país, expresión de la libertad religiosa, a la que declaró como un derecho del hombre (…). Releyendo a Juárez comprendemos por qué ha trascendido en el tiempo y en el espacio. Por qué sigue siendo el símbolo de la laicidad del Estado”. Hasta aquí la cita. La obra antes reseñada conlleva un fin específico: entender y pensar la laicidad. Ojalá que nuestros políticos pudieran leer esta colección, toda vez que, como refería Ortega y Gasset: “Todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”.

 

El Occidental, 28 demayo de 2013, p. 67A.

 

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El Congreso de Jalisco y la reforma del artículo 24 constitucional

 

 

Por Humberto García de la Mora

 

El pasado 9 de mayo, fue aprobada por el Congreso de Jalisco la reforma del artículo 24 constitucional, por 19 votos a favor y 15 en contra. Con la aprobación de esta reforma –cabe recordarlo– serán sustituidos los conceptos de libertad de creencias y de culto por el de libertad de “convicciones éticas”, de “conciencia” y de “religión”. Otra de las adiciones incluidas es el término “lo público y lo privado”, cuya interpretación, que ya comienza a ser manipulada por el Episcopado mexicano y sectores afines, pretende la instalación de enseñanza religiosa en los “espacios públicos” (escuelas oficiales), en un abierto desafío a la continuidad de la educación laica consagrada por el artículo 3 constitucional.


La aprobación de la reforma del artículo 24 constitucional, en otras palabras, es un ataque al Estado laico, al régimen de libertades de los mexicanos y un retroceso histórico sin par. Esta reforma, de suyo, ha sido la más controvertida en la historia legislativa contemporánea de nuestro país, y la que más polarización social ha generado (fue rechazada en seis congresos locales), en razón de que su trasfondo no obedece a la ampliación de libertades sino al de cumplir las exigencias de la jerarquía católica, quien, enarbolando una sesgada interpretación de libertad religiosa, busca resucitar antiguos privilegios.


Uno de los aspectos dignos a destacar de la pasada sesión del Congreso, fue el debate sobre la reforma del 24 constitucional previo a la votación general. El diputado Julio Nelson García, del Movimiento Ciudadano, fue el primer orador: “Estamos a favor del Estado laico. Consideramos que tal como está actualmente el texto constitucional es un acierto. De aprobarse el artículo 24 constitucional, para plasmar en él la libertad de religión, estaríamos votando a favor de que a corto plazo se reforme la fracción primera del artículo tercero constitucional y que, al permitirse expresamente la práctica de cultos religiosos tanto en lo público como privado, sea traspasada la barrera de la laicidad en las escuelas públicas. Aprobar este tipo de reformas no es dar un paso en pro de los derechos humanos: es dar un enorme salto hacia atrás (…). No permitamos que Jalisco se convierta en el verdugo del Estado laico”.


En su turno, el diputado Enrique Velázquez, coordinador de la fracción del PRD, fue directo: “Una de las consecuencias más funestas de esta reforma, es que en un futuro se abrirían las puertas a la educación religiosa en las escuelas públicas. De hecho, el dictamen inicial contemplaba ya esta tentativa (…). ¿Cómo le explicó a un no católico que sus impuestos van a pagar la educación católica de los niños mexicanos? ¿Por qué un agnóstico debe de tolerar que el dinero público se utilice para enseñar religión en las escuelas? ¿Por qué se va a colocar a uno de los credos por encima del resto? Esta modificación es conservadora e implica un golpe a las instituciones democráticas (...). De facto, los promotores de la ley extienden al ámbito de acción religioso a los lugares públicos, y así, la religión abandona su carácter individual, personal y de creencia, para convertirse en una manifestación pública (…). En suma, limitar el Estado laico constituye vulnerar las creencias de todos y limitar la libertad religiosa de los jaliscienses”. Por su parte, el diputado independiente Ricardo Rodríguez Jiménez, así recordó: "No se conoce lo que el día de hoy se va a votar. Le estamos dando al Estado la facultad de que se convierta en un Estado autoritario con apego constitucional: podrá negar libertades y convicciones, simplemente porque no las considere éticas y lo hará con la constitución en la mano”.


Sensibles al clamor ciudadano, quince diputados rechazaron categóricamente la reforma del artículo 24 constitucional: del Movimiento Ciudadano: Verónica Delgadillo García, J. Clemente Castañeda Hoeflich, Julio Nelson García Sánchez, Fabiola Loya Hernández y Salvador Zamora Zamora; del PRD: Celia Fausto Lizaola y Enrique Velázquez González; del PRI: Idolina Cosío Gaona, Clara Gómez Caro, J. Trinidad Padilla López, Nicolás Maestro Landeros, Jaime Prieto Pérez, Martín López Cedillo y Héctor Pizano Ramos; y Ricardo Rodríguez Jiménez, diputado independiente (ex panista). Los nombres de estos legisladores, en suma, quedarán inscritos en las páginas de la historia contemporánea de Jalisco. Su altura de miras y su compromiso con la defensa del Estado laico y las libertades de las minorías, quedarán registrados además en la memoria colectiva de muchos jaliscienses. A pesar de la imposición que representó esta impopular reforma, la defensa por la educación laica y los derechos de las minorías continúa. Solo empieza un nuevo capítulo…

 

El Occidental, 14 de mayo de 2013, p. 6A.

 


Congreso de Jalisco: una oportunidad histórica

 

 

Por Humberto García de la Mora

 

El pasado 24 de abril, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco, presidida por el diputado panista Hernán Cortés Berumen, aprobó el dictamen de reforma del artículo 24 constitucional, por seis votos a favor y uno en contra (el del diputado Julio Nelson García Sánchez, del partido Movimiento Ciudadano). Después de esta aprobación, todo indica que la citada reforma será subida en breve al pleno para ser votada por los 39 diputados de la LX Legislatura local.


Mucho se ha escrito –ríos de tinta, en una comparación simbólica– sobre las intenciones, el trasfondo y las consecuencias que traerá consigo la aprobación de la reforma del artículo 24 constitucional, con la que se pretende sustituir los conceptos de libertad de creencias y de culto, por los de libertad “religiosa”, de “conciencia”, y de “convicciones éticas” (se incluye en esta modificación constitucional el término “lo público y lo privado”, con el que se busca la instalación de enseñanza religiosa en los “espacios públicos”, tales como las escuelas oficiales, parques y recintos estatales). 


Sobre dicha modificación constitucional se ha esgrimido –no sin argumentos sólidos– que ésta no tiene como trasfondo la ampliación de libertades sino de cumplir las exigencias de la jerarquía católica, quien, enarbolando una sesgada interpretación de libertad religiosa, busca resucitar antiguos privilegios, tales como: instrucción religiosa en las escuelas públicas; participación del clero en política electoral; instalación de capellanías en el Ejército y la Marina; subsidio estatal para sueldos de ministros de culto, además de la posesión y control de medios de comunicación electrónicos, entre otros. El desaseado proceso legislativo que ha acompañado a la reforma del 24 constitucional (tanto en la Cámara de Diputados, el Senado y ahora en los Congresos locales), da cuenta de lo anterior. 


Cabe recordar que cuando el Episcopado Mexicano y sus aliados hablan de “libertad religiosa”, el contexto es la enseñanza católica en las escuelas públicas y no la libertad de profesar el credo que cada uno juzgue conveniente. Lo primero, implicaría una sería afectación a los niños pertenecientes a las minorías religiosas, quienessufrirían, innecesariamente, el flagelo de la discriminación en las aulas, la violación de sus derechos humanos y la deserción escolar a causa de un modelo educativo excluyente e intolerante. Por otra parte, la religión sería un factor de división  entre los mexicanos; un escenario impensable en una República Laica como la nuestra. Con esta reforma, que no es otra cosa que un atentado contra el Estado y la educación laica, se daría paso a un modelo confesional semejante al modelo español que imperó durante la dictadura franquista. 


Uno de los argumentos en que se apoya la reforma en comento –que aparece en la exposición de motivos de la Cámara de Diputados en diciembre 2011– es la errónea vinculación que se pretende llevar a cabo entre la Constitución Política y el Pacto de san José (1969), que en su artículo 12 señala que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Este tratado, sin embargo, jamás establece o vincula que la educación religiosa deba impartirse en las escuelas públicas ni que debe ser financiada por el Estado: los padres de familia, si así lo desean, pueden inculcar la religión de su preferencia a sus hijos en el hogar o en los templos (espacios destinados para tal fin), jamás en la escuela laica. 

 

Lamentablemente, un número no menor de legisladores de todos los partidos –a nivel nacional– han desestimado los argumentos esgrimidos por académicos, intelectuales, asociaciones religiosas no católicas, universidades públicas, organismos de la sociedad civil, maestros y ciudadanos en general en relación con dicha iniciativa; han pesado más los intereses personales y de grupo que el interés republicano en favor de la salvaguarda y protección de las minorías y los grupos vulnerables de nuestro país, quienes se verán seriamente afectados por la aprobación de esta reforma constitucional. En el Caso del Congreso de Jalisco, debe destacarse, en honor a la justicia, la sensibilidad que sobre este tema han tenido los siguientes legisladores: Clemente Castañeda, Salvador Zamora, Verónica Delgadillo, Fabiola Loya y Julio Nelson Martínez (Movimiento Ciudadano); Idolina Cosío, Trinidad Padilla, Jaime Prieto y Martín López Cedillo (PRI); y Enrique Velázquez y Celia Fausto (PRD).


Señores diputados locales: no es exagerado recordarles que en sus manos está el destino de país que queremos heredar a nuestros hijos. La consolidación del Estado laico exige la defensa de la educación laica. La reforma del 24 constitucional no es una petición de la sociedad, no busca la ampliación de libertades sino la restitución de privilegios y es absolutamente innecesaria. Por una altura de miras republicana: ¡No a la reforma del artículo 24!

 

El Occidental, 4 de mayo de 2013, p. 6A.

 

 

 

Congreso de Jalisco, una oportunidad his
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República Laica

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, en su carácter de funcionario público consagra su gobierno al Inmaculdo Corazón de María. En un acto de contrición, celebrado ante seis obispos, 150 sacerdotes y 14 mil  asistentes, asesta un golpe al Estado laico
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, en su carácter de funcionario público consagra su gobierno al Inmaculdo Corazón de María. En un acto de contrición, celebrado ante seis obispos, 150 sacerdotes y 14 mil asistentes, asesta un golpe al Estado laico

 

Por Humberto García de la Mora

 

El pasado 30 de noviembre de 2012, el Diario Oficial de la Federación dio a conocer el decreto por el que fue reformado el artículo 40 constitucional, que en su actual redacción indica que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal…”. Gracias a esta reforma el carácter laico del Estado mexicano se elevó a rango constitucional. Ahora, de manera explícita, México es una "República Laica". El hecho anterior es un episodio sin par en las páginas de la historia contemporánea de nuestro país.

 

Con esta reforma constitucional, se consolida la construcción del Estado laico mexicano, diseñado por Benito Juárez y los hombres de la Reforma en el siglo XIX (el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias), y se fortalece, en gran medida, el actual régimen de libertades que disfrutamos los mexicanos. Y es que un Estado laico defiende el trato igualitario y el derecho a la no discriminación por motivos religiosos y, por ende, no permite la imposición de ninguna creencia moral o religiosa. El Estado laico, al no ser antirreligioso, respeta a todas las religiones bajo el principio de que estas poseen idénticos derechos y obligaciones (igualdad jurídica). Al no estar a favor ni en contra de religión alguna, no existe bajo este régimen una religión oficial, impidiendo con ello que los recursos públicos sean utilizados para favorecer cualquier tipo de proselitismo. El Estado laico respeta y defiende, de manera particular, el derecho de las minorías y la convivencia social armónica dentro del marco de la diversidad y pluralismo característicos de las sociedades contemporáneas.

 

Aún vigente, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP) –que es la Ley Reglamentaria del artículo 130 constitucional– define que “el Estado mexicano es laico” (artículo 3), y que “las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones” (artículo 6). La LARCP establece explícitamente los límites de los funcionarios públicos en materia religiosa: “Las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en asuntos internos de las asociaciones religiosas” (artículo 21), aquellas, además, “no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni actividad que tenga motivos o propósitos similares (…). No podrán establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia y agrupación religiosa” (artículo 25). Hasta aquí, la Ley es precisa y no admite lugar para ambigüedades: los funcionarios públicos que quebranten los artículos 40 y 130, así como la LARCP, estarían violando el Estado laico. El artículo 30 de la la citada Ley, establece sanciones a quienes trasgredan la norma. La instancia sancionadora es la Secretaría de Gobernación.

 

El análisis anterior viene a colación ante la reciente participación del gobernador de Chihuahua, César Duarte, en una misa celebrada en aquella entidad donde pidió “perdón a Dios por todo lo que ha sucedido en Chihuahua”, y, ante seis obispos, 150 sacerdotes y 14 mil personas, en su carácter de funcionario público y a nombre de los chihuahuenses hizo un acto público de fe: “Yo, César Duarte Jáquez, por este medio pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude a la intercesión del inmaculado corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua. Declaro mi voluntad delante de Dios, delante de los señores obispos y de mi pueblo, amén” (El Sol de México, 20 de abril de 2013).

 

Ante tal evento, que enrarece y perturba el clima de sana convivencia, el gobernador Duarte violó el Estado laico e incurrió, además, en un acto de discriminación de una autoridad civil en perjuicio de las minorías religiosas y los no creyentes, al colocar la religión que profesa en una posición privilegiada. Me queda claro que todo gobernante puede creer lo que sea, pero no debe confundir las creencias privadas con las funciones públicas, dada la obligación de respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Sin lugar a dudas, el reseñado es un hecho que no debe volver repetirse en nuestro país y debe de sancionarse. El presidente Benito Juárez, en “Apuntes para mis hijos” por respeto al Estado laico no titubeó en advertir que “los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna”. Esta cita, hoy más que nunca, cobra singular vigencia.

 

El Occidental, 23 de abril de 2013, p. 6A.

 

 

 

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Iniciativa polémica

 

 

Por Humberto García de la Mora

 

El pasado 22 de marzo, el diputado panista Juan Carlos Espina von Roehrich presentó ante el Congreso de Puebla –junto con sus compañeros de bancada– una iniciativa de reforma para adicionar el artículo 2 de la Constitución local, cuyo trasfondo lleva implícito un objetivo: introducir educación religiosa en las escuelas públicas en aquella entidad.


La adición propuesta por el legislador panista –a quien se le vincula con la organización secreta conocida como “El Yunque”, de acuerdo con el periodista Álvaro Delgado– precisa que “el Estado respetará la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”.


Al leer dicha propuesta legislativa, junto con su exposición de motivos, se concluye que esta carece de originalidad. En esencia, la argumentación esgrimida por Espina no dista ni un ápice de la iniciativa presentada por el diputado priista Ricardo López Pescador (sobrino del obispo de Durango), para reformar el artículo 24 constitucional, que fue aprobada el 15 de diciembre de 2011 por los diputados federales del PRI y el PAN de la LVII Legislatura, con lo que se pretendía restaurar una serie de privilegios a la jerarquía católica (como la instalación de educación religiosa en las escuelas públicas, entre otros), y desmantelar el Estado laico. Este albazo legislativo, por cierto, ha quedado inscrito en las páginas de la historia legislativa de nuestro país como un suceso ignominioso.


El Episcopado Mexicano, en aquel entonces, calculaba que con dicho albazo legislativo obtendría en breve su tan añeja y anhelada pretensión: quitar los candados constitucionales que blindan a la educación laica y restaurar con ello antiguos privilegios clericales. La sociedad civil, en contraparte, organizada a través de centenas de asociaciones religiosas no católicas (quienes serían las más perjudicadas con esta ignominiosa reforma), universidades públicas, académicos, maestros, intelectuales, ONG’s  y ciudadanos en general, impidieron –fusionándose en una sola voz y fuerza– el avance de los jerarcas católicos y sus aliados. A un año de distancia, cabe destacarlo, los mexicanos poseen mayor conciencia y conocimiento del enorme valor jurídico, histórico y político de preservar el Estado laico.


Ante tales retrocesos, los legisladores afines al Episcopado Mexicano presentan una iniciativa en un congreso local como punta de lanza y, por ende, como modelo a seguir por otros congresos estatales ante la oposición presentada a la reforma del 24 constitucional: el plan B, pues. Citan el Pacto de San José (1969), que en su artículo 12 señala que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Este tratado, sin embargo, jamás establece o vincula que la educación religiosa debe impartirse en las escuelas públicas ni que debe ser financiada por el Estado: los padres de familia, si así lo desean, pueden inculcar la religión de su preferencia a sus hijos en el hogar o en los templos, espacios destinados para tal fin; jamás en la escuela laica. 


La iniciativa en comento, que podría ser retomada irreflexivamente por otros congresos locales, es inconstitucional –se contrapone al artículo 3 constitucional, que blinda educación laica– y es atentatoria contra los derechos humanos y la libertad de conciencia de los niños y adolescentes, principalmente de quienes pertenecen a las minorías religiosas, ya que estos quedarían expuestos al flagelo de la intolerancia y, en consecuencia, a la violación de sus derechos de parte de algunos de sus maestros y compañeros de clase. Los menores serían objeto de discriminación, coacción u hostilidad por motivos derivados de sus creencias religiosas, cuando en nuestro país está reconocido el derecho constitucional “a no ser discriminado” (artículo 1 constitucional). 

 

Ante tales intentonas, es hora de cerrar filas en favor de la educación laica. Me permito recordarles a los diputados locales del Congreso de Jalisco que la educación religiosa en las escuelas públicas sería un retroceso atroz que el país no merece ¡Defendamos esta conquista! Aún es tiempo.

 

El Occidental, 16 de abril de 2013, p. 6A.

 

 

 


El Occidental, 16 de abril de 2013, p. 6A.
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Universidad de Guadalajara: Cátedra de la educación laica

 

 

Por Humberto García de la Mora


El pasado 1 de abril, el maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla rindió protesta como nuevo Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para el período 2013-2019. En su discurso inaugural señaló que dicha institución educativa “está comprometida con los principios emanados de tres gestas históricas en México: La Independencia, la Reforma y la Revolución, por la que se apuntala la educación pública, autónoma, laica, gratuita y de calidad”. Este compromiso público con la educación laica, aunado a la calidad académica en favor de los docentes y educandos, es un aspecto relevante que merece destacarse.

 

Acompañado en su toma de posesión por el doctor José Narro, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien a principios de año refiriera que “la laicidad debe estar presente en todos los niveles educativos, como uno de los grandes asuntos que se debe impulsar y tutelar" (El Occidental, 22 de enero de 2013, p. 6A), el maestro Bravo Padilla se propuso a encabezar una gestión universitaria “incluyente, propositiva, impulsora de consensos y articuladora de acuerdos, de puertas abiertas al dialogo...”.

 

Desde mi ladera, estimados lectores, no tengo la menor duda de que el compromiso asumido por el maestro Bravo Padilla, en relación con la continuidad de la educación laica en nuestra universidad, será efectivo. Aplicará, sin titubeos, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que sostiene que su modelo educativo “se rige por lo dispuesto en el artículo 3º (“La educación que imparta el Estado será laica, gratuita y obligatoria y ésta “se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa… basada en los resultados del progreso científico), y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.

 

Por otra parte, no es un asunto menor que cuando fue diputado federal en la LX Legislatura y, simultáneamente, Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados (2006-2009), el ahora Rector defendió con firmeza y resolución, desde dicha palestra legislativa, los ataques sistemáticos perpetrados por el conservadurismo católico contra la educación laica. En otro frente, como columnista, ha escrito diversos artículos sobre la necesidad de preservar, defender y consolidar el Estado y la educación laica en México. 

 

En consonancia con lo anterior, cabe recordar que el año pasado el maestro Bravo Padilla fue uno de los cientos de miles de jaliscienses que se sumaron al rechazo de la polémica reforma del artículo 24 constitucional, por considerar que su principal objetivo “era llevar la religión a las aulas públicas, lo que significa un ‘retroceso’ para el Estado mexicano”. El ahora Rector advirtió entonces: “No veo otro sentido de intención [de la citada reforma] sino el influir en el aspecto educativo pero tendría que implicar otra reforma constitucional. No debemos nosotros (como Universidad) permitir que esto suceda porque la base del Estado laico es la educación pública y es inaceptable que ahora se empiece a cambiar el sentido de la educación pública (…) Ahora, una vez hecha la reforma y suponiendo que la mayoría de los estados de la República la convaliden, lo que debemos hacer desde la universidad pública es defender el carácter laico de la educación pública” (La Jornada Jalisco, 30 de marzo de 2012).

 

En la coyuntura actual –cuando la reforma del artículo 24 constitucional está por aprobarse en la mayoría de los congresos locales y la jerarquía católica sigue presionando al Gobierno federal y a legisladores para que se instale educación religiosa en las escuelas públicas–, la llegada del maestro Bravo Padilla a la rectoría general de la UdeG genera confianza; no sólo en relación con la calidad educativa que esperamos favorezca a nuestros jóvenes sino a través de la garantía de una educación laica que respete la libertad de pensamiento y de credo del alumnado. El posicionamiento reseñado, sin lugar a dudas, cuenta con el respaldo social de cientos de miles de jaliscienses que, al igual que millones de mexicanos, se oponen al retorno e implantación de un modelo educativo confesional caduco y a etapas oscurantistas ya superadas en nuestro país. ¡Enhorabuena, señor Rector!

 

El Occidental, 9 de abril de 2013, p. 6A.

Religiones del Mundo

 

 

Por Humberto García de la Mora

 

Hace tiempo escuché, en palabras de don Jacobo Zabludovsky, que el oficio periodístico lleva intrínseca una función social. En entrevista con Cristina Pacheco, el decano del periodismo en México sostuvo que “el periodista contribuye a la crítica. Si es un periodista de investigación, contribuye a que políticos o influyentes –ricos o poderosos– se cuiden de no cometer delitos… ¡O a que no se les descubran! Pero si un periodista ejerce su profesión con honestidad y valentía, es un elemento indispensable de la sociedad moderna…" (“Conversando con Cristina Pacheco”, programa transmitido por ONCE TV el 28 de septiembre de 2012).

 

La definición que hace Zabludovsky –que transcribí literalmente de su entrevista– es imperdible. Y es que el oficio periodístico ejercido con responsabilidad es indispensable para la vida democrática del país. Es gracias a la información periodística que los lectores podemos hacernos una idea o formar un criterio de la realidad en que estamos insertos y procurar elementos para enfrentar nuestro entorno. El periodismo crítico y responsable –creo– es un instrumento útil contra los abusos de poder; es además una tribuna virtual para los “sin voz” y, de manera particular, para las minorías y grupos vulnerables del país.

 

Las reflexiones anteriores vienen a colación ante la inusitada salida del aire del programa Religiones del Mundo, conducido por el periodista Bernardo Barranco (transmitido en Radio Red, en el 700 de AM, en Guadalajara), durante 17 años ininterrumpidos. Su contenido editorial, el respeto por todas las voces –sin privilegio de alguna en detrimento de otra– y la honestidad intelectual con que Barranco dirigió los paneles de debate y análisis entre sus disímbolos invitados, fueron motivos más que suficientes –ganados a pulso– para concitar a miles de radioescuchas a este programa. En lo personal, desde 1997 fui un asiduo radioescucha de Religiones del Mundo. La cita: los martes a las 21 horas.

 

Se debe destacar que el programa Religiones del Mundo –conducido magistralmente por Barranco– fue un referente informativo sobre el acontecer religioso en nuestro país. Rompió con paradigmas y estereotipos de lo que tradicionalmente se concebía en algunos medios de comunicación como lo “eclesiástico” y, así, desmitificó la idea de un monopolio hegemónico-religioso en el país. Puso al alcance de las minorías religiosas una tribuna virtual, con el fin de que la opinión pública conociera la visión de quienes han sufrido en carne propia la intolerancia y discriminación religiosa desde tiempos inmemoriales y que, hasta hace poco, eran consideradas como dignas de un trato inequitativo, en razón de prejuicios y estigmas sociales, tanto por el Gobierno federal como por algunos medios de información.

 

Durante las casi dos décadas que Religiones del Mundo se mantuvo al aire, Barranco fue sumamente respetuoso del Estado laico mexicano (el cual es una garantía de la práctica religiosa en un país plural y diverso). La cabina fue abierta no sólo a los jerarcas de la Iglesia católica sino a diversos representantes de las minorías religiosas. En este contexto, invitó al debate a los actores involucrados en la polémica reforma del artículo 24 constitucional (que busca privilegios clericales, disfrazados de libertades), y en ese espacio de debatió la elevación del carácter laico del Estado mexicano (artículo 40), la modificación en el apartado de creencias religiosas del Censo de 2010, los festejos del Bicentenario de la Independencia y el propósito de la jerarquía católica de reescribir la historia, y temas escabrosos para la Iglesia católica como la pederastia clerical, el caso del padre Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, el affaire de los cardenales Rivera y Mahoney, entre otros.  

 

La salida del aire de Religiones del Mundo, en palabras de Bernardo Barranco, obedeció a  “las presiones insistentes de los Legionarios de Cristo y de la propia Arquidiócesis (sic) que desde hace años han pedido mi cabeza del grupo por la línea editorial y de investigación crítica que he asumido. He recibido desde hace tiempo advertencias y anónimos que sugieren tal hipótesis”. Desde este generoso espacio que me permite El Occidental –una deferencia inmerecida– envío un abrazo solidario al maestro Barranco. Sin duda alguna, parafraseando a Zabludovsky, “los periodistas que ejercen su profesión con honestidad y valentía, son elementos indispensables de la sociedad moderna”.

 

El Occidental, 2 de abril de 2013, p. 6A.

 

 

 

El Occidental, 2 de abril de 2013, p. 6A.
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http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2933814.htm

 

Mártires de la educación laica

 

 

Por Humberto García de la Mora


La Historia, de acuerdo con Luis Villoro, es “una lucha contra el olvido, forma extrema de la muerte…". A partir de esta cita, estimados lectores, intento rendir un modesto homenaje a los maestros rurales caídos durante la época de la Guerra Cristera (1926-29), por defender la educación laica (una de las conquistas sociales emanadas de la Constitución de 1917, que este 5 de febrero cumple 96 años de su promulgación).


La jerarquía católica, en su pugna por reescribir la Historia de México, ha estimulado el intento de idealizar a los cristeros quienes defendieron con las armas en la mano un proyecto religioso de Nación, omitiendo algunos abusos cometidos contra sus adversarios, lo que ha propiciado el olvido de personajes como los maestros y maestras rurales que hace unas décadas dieron la vida en el cumplimiento de su deber y en defensa de la educación laica.


Cabe destacar, en primer lugar, que el tema de las maestras y maestros asesinados por los cristeros, un hecho innegable, ha sido abordado desde un enfoque académico por diversos historiadores, entre quienes destacan: José María Muriá, Oscar García Carmona, Pablo Yankelevich, Moisés González Navarro, David L. Raby  y Edgar González Ruiz.


El antecedente histórico de los crímenes contra el magisterio, tiene su origen en la censura a la educación laica, promovida con por la jerarquía católica de la época entre los fieles. En Guadalajara, por citar un ejemplo, durante la década de los años veinte (del siglo pasado), asociaciones católicas formaron la Liga de Defensa Social Religiosa, con comités en distintas poblaciones de Jalisco, "para obligar a los padres de familia a no mandar a sus hijos a las escuelas de gobierno. Estos comités contaban con un numeroso grupo de señoritas que hacían visitas domiciliarias e iban a las puertas de las escuelas para evitar que los niños fueran matriculados, so pena de hacer extensivo un boicot económico a los padres que no acataran sus exigencias (...). El jefe de la Iglesia católica en Guadalajara [arzobispo Francisco Orozco y Jiménez], lanzó excomuniones contra los padres de familia que mandaran a sus hijos a las escuelas oficiales; se hizo una propaganda activa en periódicos como Gladium por toda la ciudad y en algunas poblaciones del estado los muros ostentaban frases como las siguientes: Para México católico, escuelas católicas; Nadie a las escuelas oficiales; criminal es el padre que mande a sus hijos a las escuelas laicas"(Benito Navarro Robles, "Cristeros contra la educación socialista", Excélsior, 22 de febrero de 2001, p. 10 A).


La Liga de Defensa Social Religiosa desarrolló una tan amplia y perturbadora campaña en contra de la educación laica que no faltaron los fanáticos que lanzaban injurias y amenazas públicas a los maestros. En poco tiempo, las palabras fueron superadas por los hechos: inició una persecución formal en contra de los maestros rurales, quienes seguían el plan de estudios del Gobierno federal. En octubre de 1926, por citar un ejemplo, el maestro de la escuela rural de Minillas, en el municipio de Mezquitic, fue obligado a cerrar la escuela a su cargo por un grupo armado. El 17 de septiembre de 1928, en Huejúcar, Jalisco, una banda de cristeros incendió una escuela y asesinó al maestro, además de perpetrar varios destrozos en distintas viviendas (Cf. Pablo Yankelevich, La educación socialista en Jalisco, p. 26).


Los cristeros, además de quemar escuelas y libros, entre otras crueldades, “cortaban las orejas a los maestros, para que de esta manera fueran identificados durante el resto de su vida como enemigos de la religión” (David L. Raby, “Educación y revolución social en México (1921 a 1940)”, p. 164). Por su parte, la revista David “justificaba la ‘ejecución’ de maestros, a quienes los cristeros  y otros grupos conservadores aplicaban los calificativos más agresivos tendientes a crear reacciones de odio contra ellos” (Cf. Edgar González Ruiz, Los otros cristeros, p. 122).


Me parece necesario rescatar, en honor a la justicia, la memoria de esos profesores y profesoras que murieron en el cumplimiento de su deber. La sociedad debería reconocer como héroes y heroínas a quienes sufrieron también los más crueles martirios por la noble tarea de luchar en favor de la educación laica. La mejor forma de rendir homenaje a los mártires de la educación laica, es sumarse a la defensa contemporánea de ésta. Aún es tiempo…

 

El Occidental, 5 de febrero de 2013, p. 7A.

 


 

El Occidental, 5 de febrero de 2013, p. 7A.
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http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2871370.htm 

 

Universidad de Guadalajara... una oportunidad histórica

 

 

Por Humberto García de la Mora

 

 

"Si nosotros callamos, el silencio impondrá su oscura soberanía".

Carlos Fuentes

 

En mi colaboración anterior, estimados lectores, destaqué, no sin razón, el reciente posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en relación con el Estado y la educación laica. El compromiso asumido por el rector José Narro –la preservación y la defensa del carácter laico de la educación pública en nuestro país–, es digno de elogio: “La laicidad debe estar presente en todos los niveles educativos, como uno de los grandes asuntos que se debe impulsar y tutelar (…). Es necesario dar un debate franco, abierto, pero con tolerancia…” (Cf. El Occidental, 22 de enero de 2013, p. 6A).

 

El debate público sobre la continuidad y defensa de la educación laica, sin lugar a dudas, es una convocatoria que debe ser tomada en serio. El rector Narro, al fijar su postura, advirtió que “aún persisten las presiones de varios grupos que se oponen al Estado y a la educación laica, los cuales son sinónimo de libertad, pluralidad y tolerancia…”. Ante tal posicionamiento, que es una pieza clave en la actual coyuntura política, no somos pocos los jaliscienses que nos preguntamos: ¿Secundará la Universidad de Guadalajara (UdeG) la postura de la UNAM? ¿Convocará, a través de los medios de que dispone, a los debates públicos propuestos en pro de la defensa de la educación laica?

 

En la coyuntura actual –cuando la reforma del artículo 24 constitucional está por aprobarse en la mayoría de los congresos locales y la jerarquía católica sigue presionando al Gobierno federal para que se introduzca educación religiosa en las escuelas públicas–, la UdeG, por su propia naturaleza y los principios ideológicos que la sustentan, está comprometida a alzar su voz en defensa del Estado y educación laica, sumándose con ello al posicionamiento de la Máxima Casa de Estudios del país. Es un momento histórico para México y Jalisco.

 

El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara sostiene que su modelo educativo “se rige por lo dispuesto en el artículo 3º [concerniente a la educación laica], y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. Ante tal principio, es claro que la UdeG no puede asumir una actitud titubeante –o indiferente– en relación con la defensa de la educación laica ante los reiterados embates del conservadurismo católico.

 

Desde mi ladera, propongo al Rector general y al Consejo General Universitario de la UdeG, las siguientes acciones, todas ellas encaminadas a la preservación y defensa de la educación laica:

 

a)     La divulgación, a través de sus medios de comunicación (canal 44, Radio Universidad, Gaceta Universitaria, etcétera), del camino sinuoso que tuvo que recorrer la educación laica en la historia de nuestro país, sus bondades (ser un antídoto contra la ignorancia, la no discriminación y el fanatismo), y la necesidad de preservarla. Hay académicos que son especialistas en el tema y con ellos se podrían organizar programas especiales. Con la misma intensidad y entusiasmo con el que la UdeG encabeza marchas, publica desplegados, organiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, etcétera, se debería tutelar la defensa de la educación laica, como un asunto de primer orden en su agenda.

 

b)    La Inclusión del tema sobre el Estado laico, en una de las asignaturas del bachillerato: su devenir histórico y sus alcances en favor de la igualdad y la no discriminación. La organización de foros, conferencias, simposios, coloquios y mesas de trabajo –entre otras actividades–, en donde se lleven a cabo debates públicos sobre la situación actual de la educación laica y se abra una convocatoria a los estudiantes para que participen en la elaboración de ensayos sobre el tema, y que los mejores trabajos sean premiados y publicados.

 

c)     La publicación de un desplegado a nivel nacional, en donde la UdeG haga un pronunciamiento firme, explícito y público en defensa de la educación laica, y que en la próxima reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), sea la que convoque a las demás universidades públicas del país a sumarse a signar dicho posicionamiento. ¡Es la hora de cerrar filas!

 

Ante los anteriores planteamientos, es claro que nuestra Universidad tiene una responsabilidad histórica con los mexicanos: la preservación de una de las más caras conquistas sociales. Ojalá que el silencio, en el caso en comento, no imponga su oscura soberanía…

 

El Occidental, 29 de enero de 2013, p. 7A.

 


El Occidental, 29 de enero de 2013, p. 7A
Universidad de Guadalajara... una oportu
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Laicidad y Educación

 

Por Humberto García de la Mora


El pasado14 de enero, tuvo verificativo el seminario Laicidad y Educación, organizado por la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez –fundada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)–, en la Ciudad de México.


En este evento, de corte académico, participaron diversos estudiosos del Estado laico en México; entre ellos, Roberto Blancarte, Beatriz Pagés, Rodolfo Echeverría, Pedro Salazar, Diego Valadez, José Woldenberg y Lorenzo Córdova. En la ceremonia inaugural, el rector general de la UNAM, doctor José Narro, destacó la importancia de preservar y defender el carácter laico de la educación pública en nuestro país: “La laicidad debe estar presente en todos los niveles educativos, como uno de los grandes asuntos que se debe impulsar y tutelar” (La Prensa, 14 de enero de 2013).


El rector Narro, luego de hacer una defensa pública de la educación laica, recordó que “el Estado laico en México siempre ha estado en riesgo; por ello –dijo– es necesario dar un debate franco, abierto, pero con tolerancia, para evitar que se imponga el pensamiento mágico que aún prevalece en otras partes del mundo”. Reconoció, además, que aún persisten “las presiones de varios grupos que se oponen al Estado y a la educación laica, los cuales son sinónimo de libertad, pluralidad y tolerancia”. Por lo anterior, afirmó, es fundamental “basar la convivencia en el respeto a los derechos de todas las personas (…). En la medida que tengamos ciudadanos preparados e informados, capaces de ejercer sus derechos y de cumplir con sus responsabilidades y obligaciones; y en la que apertura y tolerancia formen parte de la vida cotidiana, contribuiremos a que la sociedad mexicana sea mejor”.


Los catedráticos e investigadores de la UNAM, por su parte, alertaron sobre la embestida emprendida por la Iglesia católica contra el Estado laico, en busca de impartir educación religiosa en las escuelas públicas y ejercer el control de los medios de comunicación. En su turno, Rodolfo Echeverría consideró que “vienen tiempos en que el Estado laico sufrirá los embates de quienes, desde adentro y fuera de México, quieren exterminarlo o esterilizarlo”. Cabe recordar que en el documento eclesial “Educar para una nueva sociedad” –editado por Episcopado Mexicano el año pasado–, se describen las estrategias de la cúpula episcopal tendientes a introducir catequesis en las escuelas públicas. Sobra decir que la implantación de un modelo educativo confesional en las aulas sería un retroceso que nuestro país no merece.

 

En su oportunidad, Beatriz Pagés advirtió sobre las presiones que actualmente enfrenta el Estado laico en nuestro país: “Hay quienes pretenden imponer su criterio, además de manipular su significado de acuerdo a intereses de grupo, partido o religión”. Al respecto, señaló que concretamente la Iglesia católica ha buscado a legisladores de diversos partidos para tratar de impulsar nuevas reformas constitucionales que les permitan manipular el carácter laico del Estado mexicano.


Prácticamente, todos los participantes coincidieron en que la Iglesia mayoritaria, y los grupos relacionados con ella, pretenden erosionar la educación laica con el objeto de obtener poder en temas de educación y de medios de comunicación. Los especialistas reconocieron que uno de los grandes retos de hoy es determinar qué debe entender la sociedad por laicidad y qué se debe hacer para que la mayoría de la población entienda y haga suya la verdadera esencia de un Estado laico:

 

a) Que en las escuelas de educación básica se enseñe, como materia, la importancia de vivir en un Estado laico para concientizar a la gente sobre las consecuencias represivas y opresivas en la dignidad que impone un régimen confesional.


b) Que la laicidad se enseñe y transmita a la sociedad; es decir, a través los medios de comunicación, las redes sociales y, de ser posible, a todos los espacios públicos: que se baje a la calle, a la instancia doméstica, humana, familiar… para que la sociedad se sienta agredida cuando un partido o gobierno intenta regresar al país a estadios superados.


En conclusión, considero que es la hora de reafirmar el concepto del Estado laico mexicano –el que parte de las Leyes de Reforma del siglo XIX–. El Congreso de la Unión debe legislar, sin dilación, la Ley Reglamentaria correspondiente del recién reformado artículo 40 constitucional –que establece que el Estado mexicano es una República representativa, democrática, federal y laica–, en donde quede definido, sin ambigüedades, el auténtico significado del Estado laico (desde el punto de vista jurídico y político), y se destaque el proceso histórico cruento que vivió el país para consolidar dicha conquista social. Con ello, ciertamente, se disiparán las confusiones conceptuales de quienes, desde el extranjero, pretender acuñar la llamada “sana laicidad”, que no es otra cosa que la implantación de un modelo confesional similar al franquismo, que por cierto caducó el siglo pasado en España.


El posicionamiento de la UNAM, por lo antes reseñado, es un acontecimiento histórico que debe celebrarse. Es un dique, sin lugar a dudas, que, sumado a las exigencias de los sectores de la sociedad civil por la permanencia de la educación laica –República Laica, Foro Cívico México Laico, Iglesia La Luz del Mundo, Foro Intereclesiástico Mexicano, Católicas por el Derecho a Decidir, académicos, intelectuales, magisterio, universidades públicas, legisladores y ciudadanos en general, entre otros–, frenará las intentonas de quienes pretenden llevar a nuestro país a etapas oscurantistas ya superadas.

 

El Occidental, 22 de enero de 2013, p. 7A

 

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Ley Estatal para Prevenir la Discriminación en Jalisco

 

Por Humberto García de la Mora


El  pasado 12 de enero se registró el primer caso de intolerancia religiosa en nuestro país en 2013. El lamentable suceso se registró en la comunidad indígena de Villa Hidalgo Yalalag, ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca.

 

Un hombre que no profesa la religión católica, Policarpo Huitrón Revilla, de 42 años, se resistió a ser mayordomo de la fiesta de aquella localidad y, ante tal negativa, fue expulsado junto con su familia por la asamblea comunitaria del poblado, acusado de “desobedecer” las normas internas establecidas en los “usos y costumbres” de dicha comunidad.

 

El juicio sumario dictado por los lugareños de Villa Hidalgo en contra de Policarpo Huitrón –a quien acusaron de “hereje”–, fue denunciado por éste ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO 22/OAX/2013), instancia que dictó a su favor medidas cautelares  para que éste pueda regresar a su comunidad.

 

El caso anterior, como muchos acaecidos en las últimas décadas, nos incita a una seria reflexión: si bien es cierto que las comunidades rurales en nuestro país son objeto de discriminación religiosa –como el caso reseñado–, las zonas urbanizadas no escapan de padecer el flagelo de la intolerancia. El doctor Roberto Blancarte, en relación con lo anterior,  refiere que “la discriminación religiosa puede darse y existe de hecho en México en las zonas más urbanizadas, escolarizadas y de mayor ingreso económico. Lo anterior no debería extrañarnos, pues si bien es cierto que la ignorancia y prejuicios ancestrales constituyen el aumento de la intolerancia y discriminación, también una estructura social basada en la desigualdad y los privilegios que provoca dicho fenómeno" (Nexos, n. 322, octubre de 2004, p. 43).

 

Ante tal realidad, la iniciativa de Ley presentada por el diputado local Jaime Prieto Pérez al Congreso de Jalisco, en relación con la no discriminación, es encomiable. El legislador priísta propone, en lo que sería la antesala de la "Ley Estatal para Prevenir la Discriminación en Jalisco", sanciones de seis meses a tres años de prisión a quien cometa el delito de discriminación en todas sus formas. Si son servidores públicos, refiere el diputado local, el castigo será la destitución del cargo. Entre las sanciones propuestas que el legislador, se encuentran las siguientes:

  • Quien provoque o incite a la discriminación, odio y a la violencia contra una persona o grupo de personas.
  • Niegue a una persona o grupo de personas una prestación o servicio al que tiene derecho el público en general.
  • Veje, humille, denigre o excluya a alguna persona o grupo de personas.
  • Niegue o restrinja los derechos laborales adquiridos.
  • Niegue o restrinja los derechos educativos.

Sin duda alguna, somos muchos los jaliscienses quienes damos la bienvenida a la propuesta del diputado Jaime Prieto Pérez. Su iniciativa es la antesala de la "Ley Estatal para Prevenir la Discriminación en Jalisco". El flagelo de la discriminación en nuestra entidad debe ser contrarrestado en bien de las libertades fundamentales. La iniciativa en comento, la cual debe ser apoyada sin reservas por los diputados locales y la sociedad en su conjunto, es un paso importante para paliar, dentro de lo posible, la intolerancia y discriminación hacia las minorías religiosas en nuestro país.

 

 

 

El Occidental, 15 de enero de 2013, p. 7A.

 

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Discriminación religiosa en México

 

Por Humberto García de la Mora

 

En mi colaboración anterior, compartí con ustedes, estimados lectores, los resultados del reciente estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), titulado Reporte sobre la discriminación en México 2012”, en donde se confirma la pervivencia del flagelo la discriminación –en todas sus formas– en nuestro país.

 

En relación con la discriminación religiosa, las conclusiones del documento son reveladoras: “Las prácticas de discriminación y exclusión hacia las personas con creencias religiosas distintas a la hegemónica o la practicada por la mayoría es una constante desde el periodo colonial. México continúa siendo un país poco tolerante hacia los grupos religiosos minoritarios” (página 70). El hecho de pertenecer a una minoría en nuestro país –concluye el estudio– “es motivo de desigualdad de trato y de oportunidades para millones de personas, tanto en el acceso al trabajo, los servicios de salud y educación (…), así como en el ejercicio de la libertad de conciencia y religión…”.

 

A los datos de la radiografía anterior (que son inadmisibles en un auténtico Estado de Derecho), se suman las cifras que la semana pasada dio a conocer la organización A Favor de la Libertad Religiosa, quien documentó 277 casos de intolerancia y discriminación religiosa ocurridos entre enero de 2007 y noviembre de 2012, siendo 2008 el año en que más atropellos se reportaron, pues sucedieron 80 actos de esa índole en contra de las minorías religiosas en nuestro país.

 

Del seguimiento y documentación realizado, la citada organización sostiene que durante el sexenio anterior “se cometieron una serie de atrocidades en contra de las minorías religiosas, que van del asesinato a la expulsión de niños de las escuelas federales por no pertenecer a la religión mayoritaria en México. También incluyen la extorsión, secuestro, despojo, amenazas de muerte, violación de mujeres, expulsión de evangélicos y privación ilegal de la libertad” (La Jornada, 3 de enero de 2013, p. 35). La mayor parte de los casos se dieron en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero y Michoacán.

 

En este informe se advierte que en el pasado sexenio hubo demasiada complacencia y favoritismo hacia la religión mayoritaria y, a diferencia de otros sexenios, “hubo tantos casos que en lugar de intentar solucionarlos los trataron de ocultar y minimizar”, como el caso de las expulsiones de tierras y de comunidades por profesar una religión diferente a la mayoritaria padecida por más de mil 300 personas. El caso más reciente de intolerancia religiosa se registró el pasado 18 de diciembre en la comunidad de Pahuatlán (Hidalgo), cuando un grupo de católicos pretendió linchar a evangélicos por no pertenecer a la religión mayoritaria. Sobra decir que las cifras que arrojaron los estudios referidos son alarmantes: la intolerancia religiosa pervive como un flagelo que divide a los mexicanos y, lamentablemente, no hay disposiciones legales coercitivas ni sanciones ejemplares para quienes la practican.

 

Ante esta inquietante realidad, resulta encomiable la propuesta para reformar el Código Penal de Jalisco que presentó recientemente el diputado local Jaime Prieto Pérez, a fin de tipificar la discriminación como delito. Cabe recordar que hasta hoy, son diez estados en la República los únicos que han modificado su legislación en materia penal para concordar con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación –aprobada en 2003-, por lo que resulta imperativo que Jalisco aborde esta problemática y, en el corto plazo, las demás entidades hagan lo propio. Esta iniciativa, unida a la cultura de la denuncia, la consolidación del Estado laico y el respeto a los derechos humanos, coadyuvaría, sin lugar a dudas, a contrarrestar el flagelo de la discriminación en México. Hagamos votos para que así sea, por el bien de México y de sus futuras generaciones…

 

El Occidental, 8 de enero de 2013, p. 7A

 

 

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Reporte sobre la discriminación en México

 

Por Humberto García de la Mora

 

El pasado 29 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro, fue presentado el Reporte sobre la discriminación en México 2012, editado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En este documento se analiza la situación actual de los derechos humanos de las minorías en el país e informa de las tareas emprendidas por diversos sectores para contrarrestar el flagelo de la discriminación. Su lectura, pues, resulta de capital importancia.


Este documento, que consta de cinco volúmenes, ofrece un panorama de los contextos sociales donde se origina la discriminación. Revela además que el hecho de pertenecer a una minoría es motivo de desigualdad de trato y de oportunidades para millones de personas que viven en el país, tanto en el acceso al trabajo, los servicios de salud y educación, así como en el ejercicio de la libertad de religión y de conciencia.


La discriminación –de acuerdo con Gilberto Rincón Gallardo– “es una actitud o conducta de desprecio hacia personas o grupos a los que se considera inferiores o indignos de trato equitativo en razón de un estigma o un prejuicio social”. En el caso de la discriminación religiosa –por citar un ejemplo–, ésta no sólo se presenta cuando se limita el derecho de practicar los actos de culto o difundir las creencias religiosas: se hace patente cuando a causa de la religión una persona no es contratada en un trabajo, es separada de una escuela u organización, es hostigada o señalada en su vida diaria, se le limitan servicios básicos como agua y luz, y, más grave aún, cuando se le expulsa de su propia comunidad.


Aunque las creencias religiosas no deberían ser fundamento para discriminar, en la práctica esto ocurre. En México, por ejemplo, las personas que no practican la religión mayoritaria están expuestas a ser discriminados en sus creencias y prácticas, ya que son “diferentes” a las costumbres generalizadas. Cabe recordar –por mencionar un caso– los nueve actos de intolerancia religiosa registrados en la Huasteca hidalguense durante 2012, en donde destacan los cobros de cuotas para las fiestas patronales católicas, la imposición de multas, la privación ilegal de la libertad y las amenazas de expulsión de las comunidades. Los casos con mayor incidencia tuvieron lugar en las comunidades indígenas de Huejutla, Tlanchinol, San Felipe Orizatlán, Huautla y Huazalingo, donde los párrocos y catequistas antepusieron los usos y costumbres a la libertad de creencias y de culto. La impunidad que gozan los agresores ha sido la constante en estos lamentables acontecimientos.


El caso más reciente tuvo lugar el pasado 18 de diciembre en Pahuatlán (Huejutla), donde cerca de 300 católicos “encarcelaron” a 52 evangélicos en castigo por no aportar para una fiesta patronal, expulsándolos posteriormente. Estos hechos, cabe subrayarlo, no son casos aislados. Carlos Monsiváis, en su libro “El Estado laico y sus malquerientes” (Debate-UNAM, 2008), documenta una serie de actos intolerantes –cruentos, la mayoría de ellos– en donde algunas comunidades evangélicas fueron víctimas de diversas atrocidades. La bandera impune de los “usos y costumbres”, en todos los casos, libró a los agresores de pisar la cárcel y sentó las bases para alimentar, aún más, la intransigencia y la polarización social.


El Reporte, en conclusión, confirma la veracidad de los testimonios citados: “Las prácticas de discriminación y exclusión hacia las personas con creencias religiosas distintas a la hegemónica o la practicada por la mayoría es una constante desde el periodo colonial. México continúa siendo un país poco tolerante hacia los grupos religiosos minoritarios” (página 70). Ante tales desafíos –inadmisibles en un auténtico Estado de Derecho– la defensa de los derechos humanos, la consolidación del Estado laico y la cultura de la denuncia –entre otros pilares–, resultan fundamentales para contrarrestar el actual clima de intolerancia religiosa. El compromiso del Gobierno Federal para frenar toda forma de discriminación y poner fin a los abusos es, sin lugar a dudas, un paso importante y de primer orden para facilitar la convivencia armónica entre los mexicanos. 

 

El Occidental, 26 de diciembre de 2012, p. 7A.

 

 

 

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Estado laico y minorías religiosas

 

 

Por Humberto García de la Mora

 

El Estado laico es un régimen político-social que busca establecer, en la medida de lo posible, la igualdad y la no discriminación a través del respeto a la libertad de conciencia, la autonomía de lo político frente a lo religioso y la igualdad de los individuos y sus asociaciones ante la ley. Defiende y garantiza, además, los derechos humanos de las mayorías y las minorías.

 

Este régimen político no responde ni está al servicio de ninguna asociación religiosa sino al interés público, con el objeto de garantizar el derecho de todos en la esfera común que es la sociedad, sin privilegios de unos en detrimento de otros. Lo anterior no sería posible si el Estado se convirtiera en protector e impulsor de una asociación religiosa en particular. En “Apuntes para mis hijos”, el presidente Benito Juárez escribió que “los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna”. Cabe recordar, en relación con lo anterior, que con el triunfo de los liberales del Siglo XIX, y luego de la promulgación de las Leyes de Reforma (1859-60), quedaron sentadas las bases del Estado laico mexicano, constitucionalmente vigente hasta este día.

 

El análisis anterior cobra vigencia ante las recientes aprobaciones de la reforma del artículo 24 constitucional –enviada por el Senado a los congresos estatales para su votación– que tuvieron lugar en diversos congresos locales (v. gr. Nayarit, Guanajuato y Puebla), lo que se traduce en un embate sistemático en contra del Estado laico mexicano. Y es que con dichas aprobaciones, la jerarquía católica pretende la instrucción religiosa en las escuelas públicas –entre otras exigencias–, lo que conduciría a la cancelación de la educación laica y el retorno a un modelo educativo dogmático, acrítico y confesional. Resulta lamentable, pues, que la mayoría de nuestros legisladores, en su conjunto, no hayan dimensionado las consecuencias de tal reforma (el desmantelamiento del Estado laico, la afectación de derechos de terceros, entre otros), pese a la oposición de centenas de asociaciones religiosas no católicas, de universidades, de intelectuales, de grupos seculares de la academia, de ONG’s, y de ciudadanos en general.

 

Ante la cruzada emprendida por la jerarquía católica en contra de la educación laica, el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, debe fortalecer, ahora más que nunca, el carácter laico de la educación pública. Cabe recordar que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala que “corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas” (artículo 2).


La tentativa de incluir clases de catecismo en las escuelas oficiales traería consigo graves e innecesarias consecuencias en perjuicio de los niños pertenecientes a las minorías religiosas, quienes quedarían expuestos al flagelo de la intolerancia religiosa y, en consecuencia, a la violación de sus derechos humanos –de parte de algunos de sus maestros y compañeros de clase–. Los menores serían objeto de discriminación, coacción u hostilidad por motivos derivados de sus creencias religiosas, cuando en nuestro país está reconocido el derecho constitucional “a no ser discriminado” (artículo 1 constitucional).

 

Por último, considero que más allá de la reforma del artículo 24 constitucional (que debe ser rechazada por el Congreso de Jalisco), la sociedad mexicana está preparada para defender, de manera pacífica y a través de las instancias correspondientes, el carácter laico de la educación pública, una conquista social que no puede cancelarse, y menos ante la exigencia clerical de la restitución de privilegios disfrazados de “libertades”. Sobra decir que los Juicios de Amparo, las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los foros universitarios, los debates en los medios de comunicación y las jornadas de divulgación a nivel nacional, entre otras acciones, están a la puerta. La defensa del Estado laico, en suma, es central para la defensa de las libertades civiles, entre ellas, las de las minorías religiosas. Ni más ni menos.

 

El Occidental, 11 de diciembre de 2012, p. 7A.

 

 

El Occidental, 11 de diciembre de 2012, p. 7A.
Estado laico y minorías religiosas (El O
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Juárez y la Ley sobre Libertad de Cultos

 

Por Humberto García de la Mora

 

La Ley sobre Libertad de Cultos –decretada por el presidente Benito Juárez el 4 de diciembre de 1860– cumple hoy 152 años. En el marco de esta conmemoración, son inevitables las siguientes reflexiones: ¿Por qué fue promulgada esta ley? ¿Cuál fue su contexto histórico? ¿Cuáles fueron sus beneficios? ¿Por qué los mexicanos debemos celebrar este aniversario?

 

En respuesta a lo anterior, conviene recordar, en principio, que en su accidentada construcción, México nació como una nación “intolerante”: la Constitución de 1824 –la primera luego de lograr la independencia de España– sostenía que “la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra” (artículo 3). No existía, en la práctica, la libertad religiosa para otros credos o minorías; esta prerrogativa fue negada por la Iglesia católica, que deseaba mantener cerrado al país a la pluralidad religiosa.

 

Uno de los antecedentes históricos de la Ley sobre Libertad de Cultos, fue la batalla por el poder librada entre liberales y conservadores durante el siglo XIX, en la que ambos bandos tenían su propio proyecto de Nación. Los primeros, defendían la República como forma de organización política en el país, y pugnaban por la separación del Estado y la Iglesia católica; los segundos, estaban ligados a esta y se oponían a que dicha institución perdiera sus fueros y privilegios y fuera sometida por el Estado. Tal confrontación dio como resultado la llamada Guerra de Reforma (1857-1861), en donde dicha institución eclesiástica apoyó económicamente al bando conservador durante esta lid.

 

En julio de 1859, en pleno conflicto bélico, el presidente Juárez emitió un Manifiesto a la Nación en el que anunciaba la expedición de diversas leyes: “Para poner un término definitivo a esta guerra sangrienta y fratricida, que una parte del clero está fomentando hace tanto tiempo en la nación, por sólo conservar los intereses y prerrogativas que heredó del sistema colonial […] Creo indispensable adoptar como regla invariable, la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos…” (Rogelio Álvarez, “Enciclopedia de México”, tomo11, 1977, página 202). La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley del Matrimonio Civil, la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley sobre el Estado Civil de los camposantos, fueron las Leyes de Reforma decretadas en 1859.

 

El 4 de diciembre de 1860 –dentro del marco de las Leyes de Reforma– el presidente Juárez expidió la Ley sobre Libertad de Cultos, que garantizaba la libertad de creencias de todos los mexicanos, católicos y no católicos (minorías religiosas) en igualdad de circunstancias: “Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable…” (Artículo 1). En 1873, esta Ley, junto con las expedidas en 1859, fueron elevadas a rango Constitucional y quedaron incorporadas a la Constitución de 1857 en calidad de adiciones y reformas.

 

El tránsito de la intolerancia religiosa hacia al reconocimiento, respeto y trato igualitario hacia las minorías –de parte del Estado–, constituiría un parteaguas en la historia de México. Los liberales del siglo XIX establecían la libertad religiosa (sin fueros ni privilegios para nadie), en el marco de un Estado laico.

 

La Ley sobre Libertad de Cultos, en suma, marcó el tránsito de un antiguo régimen de autoridad absolutista y de privilegios, a un nuevo orden de libertad y de igualdad ante la ley para todos los mexicanos. De hecho, la Constitución de 1917 incorporó en su artículo 24 la libertad de creencias y de culto –uno de los pilares del Estado laico–, que ha garantizado hasta hoy el ejercicio de la pluralidad religiosa. Las más de siete mil asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación –la mitad de ellas no católicas– reflejan que el mito de la presencia de un “monopolio religioso” en nuestro país es inexistente: el Censo de 2010 lo confirma.

 

Por último, el marco de la conmemoración de La Ley sobre Libertad de Cultos debe invitarnos a una seria reflexión sobre el presente y futuro de las libertades y los derechos humanos de todos los mexicanos y, de manera particular, de las minorías religiosas en nuestro país. Esta conquista social de los liberales, así como la consolidación del Estado laico en México, valen la pena ser defendidos. Entre tanto, ¡Celebremos este 152 Aniversario!

 

El Occidental, 4 de diciembre de 2012, p. 7A.

 

 

El Occidental, 4 de diciembre de 2012, p. 7A.
Juárez y la Ley sobre Libertad de Cultos
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Religión en las escuelas públicas: ¿avance o retroceso?

 

Por Humberto García de la Mora 

 

Durante más de tres siglos, la Iglesia católica fue la única institución educadora en México. La orientación confesional de su modelo educativo fue dogmático y acrítico. A partir del triunfo de los liberales y la expedición de las Leyes de Reforma (1859-60), dicho monopolio educativo dejó de operar en nuestro país. El Estado laico –régimen político y jurídico asumido por los liberales del siglo XIX– limitó los fueros y privilegios eclesiásticos y militares, y se constituyó como un instrumento para proteger la libertad de conciencia y, por lo tanto, a las minorías. De hecho, la libertad de cultos y de creencias fue establecida en México a pesar de la oposición del clero.

 

Fue en la segunda década del siglo XX cuando se consolidó –en consonancia con las Leyes de Reforma– la educación laica, gratuita y obligatoria. La Constitución de 1917, en su artículo 3, estableció que la educación pública que imparta el Estado “se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa […] basada en los resultados del progreso científico”. La educación laica fue, en ese sentido, un antídoto en contra de la discriminación y la ignorancia.

 

La reseña anterior cobra vigencia ante la intentona de la jerarquía católica por cancelar la educación laica y retornar a la educación confesional en las escuelas públicas. Para lograr tal pretensión, el Episcopado Mexicano sigue ejerciendo presión, por un lado, en los congresos estatales para que estos aprueben la polémica reforma del artículo 24 constitucional (que le garantizaría privilegios en detrimento de las minorías religiosas), y, por otra parte, al magisterio, a través de la publicación del documento “Educar para una nueva sociedad”, en donde pide al Estado mexicano que éste provea educación religiosa en las escuelas públicas.

 

“…El Estado está llamado a respetar y promover el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones éticas y religiosas […] Queda un largo camino para cambiar no sólo algunas leyes, sino la mentalidad de los responsables de la política educativa en orden a garantizar y respetar las libertades para todos y el derecho primario de los padres a la educación de sus hijos”, refiere la cúpula episcopal (Educar para una nueva sociedad, CEM, 2012, p. 98).

 

En relación con la cita anterior, resulta evidente que el Episcopado Mexicano falta a la verdad. Cuando sostiene que es tarea del Estado “respetar y promover el derecho de los padres a educar a sus hijos …”, sabe bien –perfectamente bien– que este derecho (conquistado gracias a las Leyes de Reforma y la Constitución de 1917), ha sido garantizado en favor de los mexicanos: nadie es perseguido a causa de sus creencias ni el Estado las limita. La libertad de creencias es reconocida – paradójicamente– por el artículo 24 constitucional vigente: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade”. En consecuencia, son los padres de familia y no la escuela ni el Estado, los responsables de la instrucción religiosa de sus hijos. No puede el Estado hacer el trabajo de catequesis, con recursos del erario, en las escuelas públicas; esto equivaldría a quebrantar el Estado laico y suscitar casos de discriminación religiosa en contra de las minorías.

 

Otro de los argumentos esgrimidos por el Episcopado es que la Constitución debe “ajustarse” a los tratados internacionales firmados por México, sobre todo al Pacto de San José (1969), que, en su artículo 12, señala: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. En este tratado –debe quedar claro– jamás se establece que la educación religiosa debe impartirse en las escuelas públicas ni que debe ser financiada por el Estado: los padres de familia, si así lo desean, pueden inculcar la religión de su preferencia a sus hijos en el hogar o en los templos, espacios destinados para tal fin; jamás en la escuela laica.

 

Por último, comparto con ustedes, estimado lectores, la opinión de Carlos Monsiváis sobre el tema en cuestión: “La insistencia fundamentalista en la libertad religiosa consiste en la devolución de los fueros eclesiásticos y en la educación religiosa en las escuelas públicas […] ¿Por qué cuando los obispos católicos y los laicos cercanos a su posición hablan de libertad religiosa, el contexto es la enseñanza católica en las escuelas públicas y no la libertad de profesar el credo que cada uno juzgue conveniente? (Carlos Monsiváis, El Estado laico y sus malquerientes, UNAM, 2008, p. 156-57).

 

Ante tal intentona, conviene recordar que el Estado laico es el mejor régimen para alcanzar la igualdad y la no discriminación entre y hacia las religiones. La educación religiosa en las escuelas públicas, en consecuencia, sería un retroceso atroz que nuestro país no merece.

 

 

El Occidental, 27 de noviembre de 2012

 

 

El Occidental, 27 de noviembre de 2012, p. 7A.
Religión en las escuelas públicas, avanc
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Revolución Mexicana: ¿Por qué debemos celebrar su aniversario?

 

Por Humberto García de la Mora


Este 20 de noviembre, como cada año, se festeja en nuestro país un aniversario más de la Revolución Mexicana. Han transcurrido 102 años del inicio del levantamiento armado contra el régimen de Porfirio Díaz. Cabe recordar que este proceso social transformó el rumbo histórico de nuestro país y consolidó, a través de la promulgación de la Constitución de 1917, una serie de libertades y conquistas sociales en favor de los mexicanos.


A pesar del activo histórico que representa esta efeméride, es constatable que en los últimos años se le ha venido restando importancia, sea por el desinterés de algunas autoridades –en sus tres niveles– o por la interpolación del día de asueto obligatorio en otra fecha distinta a la original. Con estas acciones, más allá de ajustar un “puente vacacional”, el Gobierno federal ha tolerado que esta fecha pase desapercibida para las nuevas generaciones de mexicanos, con sus respectivas implicaciones. Las notorias diferencias entre los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana –celebrados en 2010, en donde la balanza se inclinó al primero– dan cuenta de lo anterior.

 

Aunque la Revolución Mexicana, como proceso social histórico, cubre un amplio lapso, ha dado en llamarse así sólo al período de la lucha armada, que se desarrolló principalmente del 20 de noviembre de 1910, fecha de levantamiento convocado por Francisco I. Madero, hasta el 5 de febrero de 1917, cuando se promulgó la Constitución. No me referiré en esta entrega al papel que jugaron los líderes revolucionarios durante esta gesta, sino a las conquistas sociales surgidas a partir de ella.


Precedida por las Guerras de Independencia y de Reforma, la Revolución Mexicana refrendó su carácter social cuando el Congreso Constituyente, reunido en Querétaro, aprobó el 5 de febrero de 1917 la nueva Constitución Política (que reemplazó a la de 1857), en la que fueron incorporadas las libertades de enseñanza, de trabajo, de expresión, de cultos, de reunión, de tránsito, entre otras. Cabe destacar que el carácter laico de la educación pública (art. 3), la separación del Estado y las Iglesias (art. 130), y la libertad de creencias y de culto (art. 24), fueron logros históricos de singular relevancia.


La reacción airada de la jerarquía católica de la época ante la aprobación de la Ley Suprema fue de rechazo y protesta. El papa Benedicto XV –en unión con los prelados mexicanos–condenó en 1917 la nueva Constitución; su sucesor, Pío XI, hizo lo propio en 1926, en su carta “Paterna Sano Sollicitudo”. De acuerdo con Vicente Lombardo, en su libro “La constitución de los cristeros”, uno de los objetivos que la jerarquía eclesiástica persiguió con la Guerra Cristera (1926-1929), era la derogación de la Constitución en aras de recuperar antiguos privilegios (no por nada se ha calificado a la Cristiada como una contrarrevolución).

 

Por otra parte, no es casual que el 20 de noviembre de 2005, el papa Benedicto XVI haya beatificado a trece cristeros –entre ellos Anacleto González Flores, autoproclamado líder civil del movimiento cristero–,con el propósito de contrarrestar simbólicamente a la Revolución Mexicana y desafiar al Estado laico mexicano.


Considero, en suma, que al celebrar otro aniversario de la Revolución Mexicana, más allá de los discursos oficiales, debemos reflexionar sobre las conquistas sociales alcanzadas a partir de ella y la continuidad de las mismas. La actual cruzada que encabeza el Episcopado Mexicano en contra de la educación laica (quien sigue presionando a los congresos estatales para que éstos aprueben la polémica reforma del artículo 24 constitucional, con el objetivo de introducir educación religiosa en las escuelas públicas), resulta inaceptable en una sociedad plural como la nuestra. Los diputados locales del Congreso de Jalisco –y los de otras legislaturas estatales–, en honor al legado histórico reseñado, deberían rechazar dicha reforma. Los mexicanos queremos seguir disfrutando del régimen de libertades vigentes y no permitir el regreso de fueros y privilegios disfrazados de libertades... Ni más ni menos.

 

El Occidental, 20 de noeviembre de 2012, p. 7A.

 

 

Revolución Mexicana: ¿por qué debemos celebrar su aniversario?
El Occidental, 20 de noviembre de 2012,
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Educación laica: una conquista social amenazada

 

 

Por Humberto García de la Mora

 

En el siglo IV a. C., Herodoto –conocido como el “Padre de la Historia”– disertaba sobre la necesidad de dejar por escrito todo hecho acaecido, con el fin de “impedir que lo que han hecho los hombres se desvanezca con el tiempo y que las grandes y maravillosas hazañas dejen de nombrarse”.Refería, pues, que la historia es una lucha contra el olvido y que el conocimiento del pasado es (o debería ser), un referente indispensable para toda generación.

 

Juan Rulfo –por su parte– al escribir sobre la importancia de la historia, destacaba que “el día que el hombre conozca a sus antepasados y sepa que en ese lugar donde habita vivieron hombres valiosos, se arraigará más; tendrá conciencia del lugar donde vive y el valor suficiente para saberlo defender y poder trabajar con entusiasmo y con amor por él”.

 

Las anteriores reflexiones cobran vigencia ante la crisis que actualmente atraviesa el proyecto liberal de nación, cuya gestación y nacimiento surgió de un proceso histórico sinuoso, iniciado con la Guerra de Independencia; que continuó con la Guerra de Reforma; y culminó con la Revolución Mexicana. Fue, empero, el siglo XIX el periodo en el cual se afirmaría el orden republicano y se sentarían las bases para conformar el Estado de Derecho (derivado de las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857), donde quedarían eliminados los fueros y privilegios y se afirmaría la libertad de cultos. El Estado laico sería el régimen político adoptado en nuestro país a partir de entonces. La separación entre los asuntos del Estado y la Iglesia católica (quien había detentado el poder desde el siglo XVI, la acumulación de la riqueza y el monopolio educativo), se elevaría a rango constitucional.

 

Uno de los aspectos a destacar de dicho proceso histórico, es el carácter laico de la educación pública, que constituye una de las conquistas de las Leyes de Reforma y de la Constitución de 1917. El artículo tercero constitucional establece que la educación que imparta el Estado será laica, gratuita y obligatoria y ésta “se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa (…) basada en los resultados del progreso científico”. La educación laica vino a ser un antídoto en contra de la ignorancia y la discriminación.

 

En contraparte, se debe advertir que las pretensiones expresas de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) por que se revierta el artículo tercero constitucional –al exigir que en las escuelas públicas retorne la educación religiosa–, revelan una férrea oposición a la continuidad de la educación laica en nuestro país. Por un lado, la jerarquía católica continua presionando a los congresos estatales para que éstos aprueben la reforma al artículo 24 constitucional (en donde se incluirían los términos de “convicciones éticas”, “lo público y lo privado”, y se eliminaría el concepto de la libertad de creencias, cuya vinculación es directa con el artículo tercero constitucional). Por otra parte, la CEM publicó el documento “Educar para una nueva sociedad”, en donde insiste con su pretensión y recién acaba de formalizar una alianza con el SNTE, en donde trabaja con éste, dice, en un proyecto educativo “con valores”… Estas acciones son señales inequívocas de que los embates en contra de la educación laica son reales.

 

Por último, si el Estado mexicano llegara a renunciar al carácter laico de la educación pública, como pretende la CEM, y la mayoría de los congresos locales aprobaran la polémica reforma del 24 constitucional, el escenario sería desolador: la religión en las escuelas públicas se convertiría en un factor de polarización y discriminación entre los alumnos que profesan distintos credos. Ante tal escenario, el cual es alarmante, se debe crear conciencia de que la continuidad de la educación laica está en riesgo y esto no es un asunto menor. Lamentablemente, la clase política de nuestro país –con sus honrosas excepciones– tiene un nulo conocimiento de la historia de México, lee poco y antepone sus intereses particulares y de grupo a los de la República. ¿Y el magisterio? ¿Y las universidades públicas? ¿Y los académicos? ¿Y los diputados locales?... ¿Qué se está haciendo ante los intentos por desmantelar la educación laica? ¿Será acaso que la Educación laica no tiene quién la defienda?

 

A propósito, me permito recordarles lo siguiente a los diputados locales de la LX Legislatura del Congreso de Jalisco: de su voto en contra a la polémica reforma del 24, depende la continuidad del proyecto de nación trazado por los liberales. La educación religiosa en las escuelas públicas sería un retroceso atroz que el país no merece ¡Defendamos esta conquista! ¡En sus manos está! Aún es tiempo.

 

El Occidental, 14 de noviembre de 2012, p. 7A

 

El Occidental, 14 de noviembre de 2012, página 7A.
Educación laica, una conquista social am
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