Por Humberto García de la Mora

El pasado 7 de abril, salió a la luz el programa "Sacro y profano", conducido por el maestro Bernardo Barranco —periodista y sociólogo de las religiones—, que se transmite los lunes a las 23:00 horas en el Canal Once TV, del Instituto Politécnico Nacional. 

El objetivo de "Sacro y profano", de acuerdo con sus productores, "es favorecer la comprensión de los fenómenos religiosos y su incidencia en la vida social a partir de un análisis claro y sencillo de los mismos, además de fomentar los valores de respeto, tolerancia y pluralidad". El retorno de Barranco y sus paneles de análisis a los medios electrónicos, además de ser una noticia aplaudida por antiguos radioescuchas y asiduos lectores, es una garantía de imparcialidad. La honestidad intelectual del conductor en el tratamiento de sus temas, queda fuera de duda.

En relación con lo anterior, el maestro Barranco escribió que a "Sacro y profano" no se le debe ver como un programa religioso, "sino como uno que habla sobre las religiones y las creencias, algo que resulta fundamental para entender lo que somos como pueblo, así como nuestra propia identidad. No estamos a favor de una religión ni en contra de ninguna otra, se trata de un programa hecho por especialistas y autores que con mucho respeto se plantean los temas de las creencias y el impacto de ellas". 

En su primer mes de vida, "Sacro y profano" ha convocado a diversos actores y especialistas en la materia, quienes desde diferentes ópticas han abordado temas disímbolos y de interés general, como: "Las reformas del papa Francisco"; "La fe y la ciencia: un diálogo complejo"; "Las mujeres en la iglesia"; "Ascenso del pentecostalismo", entre otros. El pasado lunes se analizó la situación del Estado laico en México. En esta ocasión, el doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el pastor Eliézer Gutiérrez Avelar, vocero de la Iglesia La Luz del Mundo, respectivamente, fueron los invitados a la mesa de análisis. Sus aportaciones, que merecen la pena ser comentadas para la reflexión, quedan en el tintero para una futura colaboración, por razón de espacio.

Por otra parte, considero que este programa de opinión no se circunscribe únicamente a los interesados en los temas religiosos y de laicidad. Al fomentar entre los televidentes los conceptos de democracia, de respeto al Estado laico y las minorías religiosas, así como de la cultura de los derechos humanos y la no discriminación —entre otros valores laicos—, "Sacro y profano" cumple con una función social de primer orden. La exposición sistemática con que el conductor y los invitados analizan los temas abordados —con altura, rigor, respeto y crítica— enriquece el debate, forma opinión y facilita una comunicación eficaz con su audiencia.

A raíz de la salida del aire del programa "Religiones del Mundo", que condujo Bernardo Barranco en Radio Red de 1996 hasta marzo de 2013 —debido a las presiones de la Arquidiócesis de México y los Legionarios de Cristo ante los directivos de Radio Red por la línea editorial del periodista—, los asiduos lectores y los otrora radioescuchas del maestro Barranco esperábamos el retorno de su programa a los medios electrónicos. Un año después de los días aciagos de la censura, el Canal Once TV vino a hacer justicia por partida doble: por un lado, permitió el retorno de Barranco —ahora instalado en un programa televisivo con mayor cobertura y en inigualables condiciones— y restituyó, quizá sin proponérselo, el derecho de las audiencias, pisoteado acremente por los monopolios de los medios. Bienvenido, pues, el debate serio y la reflexión propositiva en nuestro país. Ya era hora...

El Occidental, 7 de mayo de 2014, p. 7A.

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Por Humberto García de la Mora

El pasado 27 de abril, el papa Francisco canonizó a dos de sus predecesores: Juan XIII y Juan Pablo II. A partir de esta semana, los nombres de ambos pontífices quedaron inscritos en el catálogo de los santos y, en consecuencia, fueron elevados a los altares.

Si bien la noticia de la canonización del papa Juan Pablo II despertó júbilo entre la jerarquía católica y un sector de su feligresía, en contraparte, las críticas, tanto por la celeridad del proceso como por los claroscuros del religioso polaco, no se hicieron esperar.

Acusado de ser protector de curas pederastas, entre otros del sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, Juan Pablo II ha sido objeto de las críticas más acerbas de sectores diversos de la sociedad, que subieron de tono con motivo de su reciente canonización.

Años atrás, en las semanas previas a la beatificación de Juan Pablo II -celebrada el 1 de mayo de 2011 por el papa Benedicto XVI-, diversos intelectuales, académicos y periodistas cuestionaron la pertinencia de esta decisión. Con ella -advertían- se descalificaba y minimizaba a las víctimas de sacerdotes pederastas durante el pontificado del Papa polaco: este acto litúrgico era una clara señal de que la Iglesia católica no había entendido (o había querido ignorar) la gravedad de los abusos sexuales de sacerdotes en contra de menores de edad en todo el mundo.

El periodista Jorge Ramos, uno de los críticos a la beatificación, señaló: "La Iglesia católica quiere convertir en beato (luego en santo) a un hombre de carne y hueso que fue líder del Vaticano durante uno de los peores escándalos sexuales y de violación a los derechos humanos de cualquier pontificado. No estamos hablando de una o dos víctimas. Estamos hablando de miles de víctimas en todo el mundo. Esto significa que dentro del Vaticano hubo una sistemática política que ignoró, encubrió y protegió a sacerdotes criminales y que rechazó, estigmatizó y culpó a sus víctimas sexuales, en su mayoría niños y menores de edad [...]. Si el Papa no sabía de estos abusos, como sugieren muchos de sus defensores, fue entonces un líder negligente y apático que no cumplió con sus responsabilidades de vigilar y cuidar a los más débiles. Y si lo sabía fue, entonces, un cómplice de sus crímenes" (Jorge Ramos, "El Beato y los abusadores sexuales", 25 de abril de 2011).

En este tenor, el escritor David Yallop así secunda: "El hecho de que la Iglesia (católica), a causa de su inacción, es directamente responsable del perdurable abuso clerical, y de que el efecto que está teniendo en la sociedad de muchos países es directamente responsable de la profunda pérdida resultante de fe, nunca se le ocurrió al papa Juan Pablo II. El fallecido Papa y sus cardenales habían sabido al menos desde principios de la década de 1980 que tal abuso sexual estaba muy extendido; en realidad, la jerarquía católica lo había sabido siempre. Pero en vez de emprender una firme, pronta y decidida acción, optaron por perpetuar el sistema del secreto, y esa conducta despojó al Papa y a muchos de sus príncipes de toda tasa de autoridad moral [...]. A causa de la incapacidad para tomar las decisiones necesarias, el desenfrenado abuso sexual clerical siguió sin control y resultó directamente en deserciones masivas de la fe en muchos países" (David Yallop, El poder y la gloria. Juan Pablo II: ¿Santo o político?, Planeta, 2007, página 655).

A tres años de distancia de la beatificación -y sobre todo en el marco de la canonización-, el argumento de que Juan Pablo II "no sabía nada" del tema de los abusos de Marcial Maciel y del clero, es insostenible. El ex portavoz del papa Juan Pablo II, Joaquín Navarro-Valls, reconoció que el prelado polaco "fue informado de las pesquisas hechas por la Congregación para la Doctrina de la Fe contra el fundador de los Legionarios de Cristo" (El Universal, 25 de abril de 2014). El ex vocero papal refirió que para la "pureza de su pensamiento -de Karol Wojtyla-, aceptar esa realidad era imposible, pero la aceptó" (Ídem). En este tenor, el órgano informativo de la Arquidiócesis de México afirmó que "Juan Pablo II fue engañado por el fundador de los Legionarios de Cristo [...]. Cuando surgieron las acusaciones contra Maciel [...], y él personalmente le aseguró que las acusaciones eran falsas [el papa Juan Pablo II], le creyó" (Desde la fe, 27 de abril de 2014).

Los datos precedentes son pruebas irrefutables de que Juan Pablo II, pese a que conoció en su momento los citados casos de abusos, optó por el encubrimiento en favor de cientos de sacerdotes pederastas, incluido el padre Maciel, su amigo personal. El Sumo Pontífice prefirió mantenerlos en su ministerio a pesar del irreversible daño que ocasionaron en sus víctimas, a quienes ignoró sistemáticamente durante su papado (1978-2005).

En conclusión, y parafraseando a Jorge Ramos: Juan Pablo II sí sabía de estos abusos. Fue un líder negligente y apático que no cumplió con sus responsabilidades de vigilar y cuidar a los más débiles. En consecuencia, fue un cómplice de los crímenes de su clero. La canonización de Karol Wojtyla es una maniobra de la curia romana con la que se pretende exonerar al Papa polaco de los pecados (o delitos) en comento. Por lo anterior, San Juan Pablo II, para muchos, será un santo poco digno de presumir... Ni más ni menos.

El Occidental, 3 de mayo de 2014, p. 7A.

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Por Humberto García de la Mora

El pasado 11 de abril, el papa Francisco declaró que se siente obligado a "pedir perdón personalmente por el daño que han hecho algunos sacerdotes por haber abusado sexualmente de niños”. "La Iglesia –dijo el Pontífice– está al tanto de este daño moral llevado a cabo por hombres de la Iglesia, y no daremos un paso atrás respecto a cómo lidiaremos con este problema”. Hasta aquí la cita.

Este acto de contrición, de acuerdo con diversos analistas y estudiosos del tema religioso, resulta tardío y, por las circunstancias actuales, forzado. Es una respuesta, tibia e insuficiente, del Romano Pontífice al informe que en febrero presentó el Comité de Protección de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde se acusó al Vaticano de ser corresponsable de los abusos sexuales del clero, “porque no hizo todo lo que tenía que haber hecho para proteger a los menores" (El Occidental, 19 de febrero de 2014, p. 7A).

Cabe recordar que el informe presentado por el Comité de Protección de los Derechos del Niño fue, por decir lo menos, demoledor: “El Vaticano, al no haber reconocido nunca la amplitud de los crímenes de abuso sexual al interior de la Iglesia católica ni haber tomado medidas para poner fin a ellas, es responsable de los abusos sexuales perpetrados por clérigos en perjuicio de sus víctimas. Estos crímenes, cometidos por religiosos, conciernen a decenas de miles de niños […]. El Vaticano, ante dichos abusos, adoptó políticas que permitieron a sacerdotes violar y acosar a niños, entre ellas la práctica de movilidad de los ofensores (el traslado de parroquia de los abusadores infantiles)”.

Entre las recomendaciones que hizo la ONU al Vaticano destacan las siguientes: “Destituir de inmediato de sus funciones a los clérigos que sean reconocidos o sospechosos de ser abusadores; abrir sus archivos para encontrar a sacerdotes que cometieron el delito de pederastia y aquellos que escondieron sus crímenes para hacerlos responsables ante la ley; y denunciar ante las autoridades civiles a todos los clérigos que cometan tales abusos”.

Una de los piezas claves que solapó y toleró la pederastia clerical, de acuerdo con el informe del Comité, fue el llamado Código de silencio, un documento oficial del Vaticano denominado Crimine solicitacionis (delito de solicitación), que ordena a los obispos católicos de todo el mundo a manejar los casos de abusos sexuales del clero en el más estricto secreto, bajo pena de excomunión. Este polémico documento, ratificado por Juan Pablo II el 18 de marzo de 2001, fue dado a conocer por Joseph Ratzinger, entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a los obispos de las más de cuatro mil diócesis católicas del mundo, para su operación. En consonancia con lo anterior, no es un hecho aislado que el Código de Derecho Canónico, en sus artículos 489, 695, 1336, 1347 y 1394, contemple medidas aplicables en materia de abusos sexuales, reduciéndolos a reprimendas del superior... y sólo eso.

En este nuevo capítulo de la Historia de la Iglesia católica, el papa Francisco pide perdón por los sacerdotes abusadores (esto después de varias décadas de dolor, vergüenza y humillación de quienes se atrevieron a denunciarlos). El mea culpa sirvió, paradójicamente, para exonerar a la red de complicidad eclesiástica que permitió que dichos abusos continuaran, y que sistemáticamente dio la espalda a quienes exigían justicia, reparación de los daños y castigo a los depredadores sexuales. Por los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, la Curia Vaticana, la Congregación para la Doctrina de la Fe y los obispos de las más de cuatro mil diócesis católicas, el prelado argentino no pidió perdón. Ni por elemental obsequio.

El papa Francisco, en este contexto, contradice su propio acto de contrición al no cejar en su empeño de elevar a los altares al papa Juan Pablo II, cuando este futuro santo fue acusado en vida de ser el principal protector de curas pederastas. Al canonizarlo, se descalifica y minimiza a las víctimas de sacerdotes pederastas durante su pontificado. Sobre este asunto, el periodista Jorge Ramos escribió: “La Iglesia católica quiere convertir en beato (y luego en santo) a un hombre de carne y hueso que fue líder del Vaticano durante uno de los peores escándalos sexuales y de violación a los derechos humanos de cualquier pontificado. No estamos hablando de una o dos víctimas. Estamos hablando de miles de víctimas en todo el mundo. Esto significa que dentro del Vaticano hubo una sistemática política que ignoró, encubrió y protegió a sacerdotes criminales y que rechazó, estigmatizó y culpó a sus víctimas sexuales, en su mayoría niños y menores de edad. El argumento de que Karol Wojtyla no se enteró de nada es indefendible […]. Si el Papa no sabía de estos abusos, como sugieren muchos de sus defensores, fue entonces un líder negligente y apático que no cumplió con sus responsabilidades de vigilar y cuidar a los más débiles. Y si lo sabía fue, entonces, un cómplice de sus crímenes…" (Jorge Ramos, “El Beato y los abusadores sexuales”, 25 de abril de 2011).

El mea culpa de Francisco, más allá de exonerar a la curia romana de sus prácticas encubridoras, se convierte en un instrumento mediático para aparejar el terreno de la ceremonia de canonización del papa Juan Pablo II, que tendrá lugar el próximo 27 de abril. Con el perdón de marras, el Pontífice pretende acallar las voces críticas que le exigen la cancelación de este acto litúrgico por las razones aducidas. Ambos actos, el mea culpa y la canonización de Karol Wojtylia, exhiben una vez más el doble discurso de la curia vaticana. Sobra decir que la disculpa pontificia, en donde no existen compromisos concretos con la reparación de los daños, de poco sirve a las víctimas y a sus familias. La pederastia clerical, a juicio de los observadores de la ONU, es un capítulo de la historia del papado –en la época de Francisco– que apenas comienza…. Ni más ni menos. 

El Occidental, 18 de abril de 2014, p. 7A. 

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Por Humberto García de la Mora

“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” 

Amós

El pasado 21 de febrero, el papa Francisco envió un videomensaje a una congregación pentecostal de Estados Unidos, en el que hizo un llamado “a dejar de lado las diferencias” y manifestó su deseo de “ver a todos los cristianos unidos”: “Me gustaría que esta separación llegara a su fin y tuviéramos comunión” (Cf. “Aciprensa”, 21 de febrero de 2014).

A tono con el discurso que ha venido manejando a lo largo de su pontificado –quedar bien con todos sin comprometer ni trastocar la ortodoxia católica (la tradición, los dogmas, las encíclicas papales y el catecismo)–, Francisco vuelve a recurrir a una de sus multifacéticas poses: la del “diálogo” y el “ecumenismo” con las religiones no católicas (incluidas las minorías). Lo anterior, cabe señalarlo, es parte del doble discurso con que se conduce el alto prelado. Así como en su momento atrajo los reflectores con sus declaraciones a favor de los homosexuales o la inminente autorización para que los divorciados vueltos a casar y las mujeres que abortan puedan recibir la comunión (lo que contradice las enseñanzas catequéticas), ahora, ante la desbandada religiosa en América Latina y la crisis al interior del catolicismo por la falta de vocaciones sacerdotales y los escándalos sexuales del clero, el Obispo de Roma enfoca su objetivo en las minorías religiosas con el fin de utilizarlas y poder posicionarse en la mercadotecnia del rating mediático.

En relación con lo anterior, a principios de 1990 –lo recuerdo bien– leí un libro histórico que resultó de mi interés por su documentación y contundencia: "¿Conviene al pueblo evangélico el Ecumenismo proclamado por la Iglesia Católica Romana? ¿Sí o no?", escrito por el doctor Luis Rodríguez N. (Cuernavaca, 1969). En esta obra, escrita a pocos años de la celebración del Concilio Vaticano II (1962- 1965), el autor desvela fragmentos de la historia del catolicismo y el papado, en donde la intolerancia religiosa –cruenta y antievangélica– impuso su oscura soberanía a lo largo de los siglos. No puedo dejar de citar una de las frases introductorias del autor: "Principiaré recordando que en la antigüedad, a los individuos que no pertenecían a la Iglesia [católica] les llamaban infieles, y a los católicos que por alguna causa ya no querían seguir obedeciendo a los Papas ni a los sacerdotes, les aplicaban el adjetivo 'hereje' [...]. Desde el Papa anterior [Juan XXIII] al actual [Paulo VI], la actitud criminal del clero romano hacia nosotros [protestantes] cambió, pues hoy nos llaman "hermanos separados"; ya no nos llaman raza maldita, enemigos de Dios, de la Virgen, de los santos [...]. Ese cambio obedece a un plan perfectamente meditado y estudiado en el Vaticano, que espera obtener grandes ventajas de ese cambio. Con el ecumenismo, los sacerdotes están recurriendo a la hipocresía de Judas, que traicionó a Cristo cuando lo entregó..." (p. 3).

Para nadie es un secreto que las guerras de religión registradas en la historia de la humanidad tienen un común denominador: la intolerancia. En el caso de la Iglesia católica, fue a partir del año 380 d.C, fecha en que fue reconocida como la religión oficial del Imperio Romano, cuando ejerció la intolerancia y la persecución religiosa en contra de las voces disidentes. El papado, tan pronto como se encontró en una posición de fuerza, dejó de rechazar la violencia para pasar a ejercerla por “todos los medios”. Con el paso de los siglos, los Papas llegaron a nombrar y a deponer a los emperadores alegando que imponían el “cristianismo” a sus súbditos, bajo la amenaza de la tortura y la muerte. A través de estos “medios” fueron confiscados los bienes de los supuestos “herejes”. 

Ente los episodios de intolerancia religiosa registrados en la historia, se encuentran, entre otros: las cruzadas, la persecución a judíos, herejes y protestantes (cátaros, hugonotes y albigenses), la instalación del tribunal de la Inquisición, la conquista y colonización en el nombre de la cruz, el acoso en contra de comunidades evangélicas en América Latina (destrucción de templos, linchamientos, etcétera).

La intolerancia religiosa practicada por la Iglesia católica contra los "infieles”, en suma, tiene su base en un canon eclesiástico: "Fuera de la Iglesia católica no hay salvación", dogma católico preparado por los teólogos medievales y definido por los concilios en declaraciones solemnes. Para robustecer lo anterior, comparto los siguientes textos:

a). El cuarto concilio Lateranense (1215), promulgó una definición de fe en la que se afirmaba: "Y hay una sola Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual no se salva absolutamente nadie" (Cf. Enrique Denzinger, "El Magisterio de la Iglesia", Herder, Barcelona, 1962,, n. 802).

b). Por su parte, el papa Bonifacio VIII, en su bula Unam Sanctam (1312), declaró: "... afirmamos, definimos y pronunciamos que someterse al Romano Pontífice es a toda creatura humana absolutamente necesario para la salvación" (Ídem, n. 875).

c). El Concilio de Florencia (1442), en su "Decreto para los Jacobitas", afirmó: "... la Iglesia Romana cree firmemente, confiesa y predica que ninguno que esté fuera de la Iglesia católica, no sólo pagano, sino un judío o hereje o cismático, podrá alcanzar la vida eterna; por el contrario, que irán al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, a menos que antes de morir sean agregados a ella... Y que por muchas limosnas que haga, aunque derrame su sangre por Cristo, nadie puede salvarse si no permaneciera en el seno y la unidad de la Iglesia católica" (Ídem, n. 1351).

d). En la profesión de fe del Concilio de Trento (1564), se ordena creer y mantener  "esta verdadera fe católica, fuera de la cual nadie puede salvarse..." (Ídem, n. 1870).

De las citas anteriores se desprende que el Papa, en definitiva, no puede ir contra los decretos o definiciones dogmáticas de los concilios ecuménicos que, de acuerdo con la doctrina católica, son infalibles. Los dichos del Romano Pontífice, entonces, son una especie de pirotecnia verbal que en nada podrán cambiar la estructura vertical de la curia romana, el dogma católico (con su esencia medieval) y las políticas conservadoras vaticanas. Ante tal fachada, la del “diálogo interreligioso” (ecumenismo), asumida sin inhibiciones por Francisco, se esconde la otra cara de la moneda: la actual cruzada de las Conferencias Episcopales de América Latina que, bajo la consigna papal, emprenden con el propósito de contrarrestar el avance de las minorías religiosas en nuestro Continente (el último reducto del catolicismo en el mundo), acotando con ello sus libertades, lo que representa una amenaza real que va más allá de las dotes histriónicas y poses populistas del prelado argentino. ¿Creo en esta propuesta ecuménica? De ninguna manera, por las razones antes expuestas. Por algo, la sabiduría popular nos enseña que “el lobo cambia de pelaje, pero no de mañas”. Ni más ni menos.

El Occidental, 5 de marzo de 2014, p. 6A.

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Por Humberto García de la Mora

El pasado 5 de febrero, el Comité de Protección de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó un informe sobre los casos de abuso sexual registrados al interior de la Iglesia católica. En este sentido, Kirsten Sandberg, presidenta de dicho Comité, acusó al Vaticano de infringir la Convención sobre los Derechos del Niño, “porque no hizo todo lo que tenía que haber hecho para proteger a los menores". Los resultados que arrojó esta investigación, por decir lo menos, son devastadores:

a). El Vaticano, al no haber reconocido nunca la amplitud de los crímenes de abuso sexual al interior de la Iglesia católica, ni haber tomado medidas para poner fin a ellas, es responsable de los abusos sexuales perpetrados por clérigos en perjuicio de sus víctimas. Estos crímenes, cometidos por religiosos, conciernen a decenas de miles de niños.

b). El Vaticano, ante dichos abusos, adoptó políticas que permitieron a sacerdotes violar y acosar a niños, entre ellas la "práctica de movilidad de los ofensores” (el traslado de parroquia de los abusadores infantiles).

Por otro lado, las recomendaciones que hace la ONU al Vaticano son categóricas:

a). Destituir de inmediato de sus funciones a los clérigos que sean reconocidos o sospechosos de ser abusadores.

b). Abrir sus archivos para encontrar a sacerdotes que cometieron el delito de pederastia y aquellos que “escondieron sus crímenes” para hacerlos responsables ante la ley.

c). Denunciar ante las autoridades civiles a todos los clérigos que cometan tales abusos. 

Con esta inédita resolución, el Vaticano, como Estado sujeto de derecho internacional, fue llevado al banquillo de los acusados por primera ocasión en su historia. Y es que el encubrimiento de delitos sexuales perpetrados por clérigos en perjuicio de menores de edad no es un asunto menor. No se habla aquí de pecados que puedan ser redimidos en los confesionarios o a través de indulgencias: se trata de delitos que deben ser castigados en los tribunales civiles. En este sentido, la Iglesia católica, fiel a su célebre aforismo de “La ropa sucia se lava en casa”, ha coadyuvado a la evasión de la justicia en favor de su clero pederasta en detrimento de las miles de víctimas que, ante el reclamo de justicia, han sido desestimados y tenidos como conspiradores y adversarios. 

El Comité de la ONU, al referirse en su informe a la política de cambio sistemático de parroquias a los sacerdotes pederastas, consideró que este modus operandi ha sido un intento de la jerarquía católica por encubrir dichos crímenes y evitar así que los depredadores sexuales sean juzgados por las autoridades civiles: “La práctica de la movilidad de los criminales, que ha permitido a muchos sacerdotes permanecer en contacto con niños y seguir abusando de ellos, continúa exponiendo a niños de numerosos países a un alto riesgo de sufrir abusos sexuales”. Sobre lo anterior, autores como David Yallop, Carlos Fazio, Pepe Rodríguez, Sanjuana Martínez, entre otros, han abordado esta problemática en diversos libros. 

Uno de los puntos relevantes que, a juicio del Comité, abonó para la complicidad en los delitos de pederastia clerical fue el llamado “Código de silencio”, un documento oficial del Vaticano denominado Crimine solicitacionis (delito de solicitación), donde se ordena a los obispos católicos de todo el mundo, incluidos los del rito oriental, a manejar los casos de abusos sexuales del clero en el más estricto secreto, bajo pena de excomunión. Este polémico documento, ratificado por Juan Pablo II el 18 de marzo de 2001, fue dado a conocer por Joseph Ratzinger, entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a los obispos de las más de cuatro mil diócesis católicas del mundo, para su operación. No es un hecho aislado el que el Código de Derecho Canónico, en sus artículos 489, 695, 1336, 1347 y 1394, contemple medidas aplicables en materia de abusos sexuales, reduciéndolos a reprimendas del superior... y sólo eso.

A pesar de que el mundo ha recibido con beneplácito la histórica resolución de la Organización de las Naciones Unidas, que es en favor de los derechos de los niños, no deja de sorprender la iracunda respuesta de la curia romana ante tal reconvención. La falta de caridad y humildad evangélicas de la curia vaticana ante las documentadas reconvenciones (el abuso sexual de menores y su encubrimiento), exhiben la falta de sinceridad del Mea culpa del papa Francisco. Se impone el interés de salvaguardar la imagen institucional ante la reparación del daño a las víctimas. 

Por otro lado, cabe subrayar que en esta histórica resolución, la inmunidad diplomática que presume el Vaticano de nada le sirvió. Y es que, cuando así conviene a sus intereses, la Iglesia católica se presenta como una asociación religiosa. Cuando quiere intervenir en las políticas públicas de los países (y evadir la acción de la justicia bajo el manto de la citada inmunidad), transita con la bandera de un Estado extranjero. En esta ocasión, sin embargo, prevaleció para bien el principio de justicia. Ojalá que este ejemplo sea ilustrativo para todos los gobiernos del mundo, en virtud de que, ante la comisión de delitos, nadie puede estar por encima de la ley. Ni más ni menos.

El Occidental, 19 de febrero de 2014, p. 7A.

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Por: Humberto García de la Mora

Para mi hijo Josué: "La historia es un lucha contra el olvido".

El próximo 1 de febrero se cumplen dos años de la firma de la Declaración Ciudadana México Laico, celebrada en el Hemiciclo a Juárez (Ciudad de México). En un hecho histórico sin precedentes, un grupo de ciudadanos, asociaciones religiosas y organismos de la sociedad civil, se unieron en un frente común para exigir al Senado de la República su rechazo a la polémica reforma del artículo 24 constitucional, aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011, en cuyo dictamen se contemplaba el desmantelamiento sistemático del Estado laico y la educación laica, en perjuicio de las libertades de las minorías. La consigna, el desaseo del proceso y la votación fast track que acompañaron la polémica votación, constituyeron un duro golpe a la República —inesperado e inédito— en la que ha sido una de las páginas más aciagas en la historia legislativa de nuestro país. 

Convocados por el Foro Cívico México Laico A.C. (FCML), entre los firmantes de la Declaración Ciudadana se encontraban los siguientes intelectuales y académicos: Jorge Carpizo McGregor, Elena Poniatowska, Roberto Blancarte, Paco Ignacio Taibo II, Francisco Martín Moreno, Héctor Vasconcelos, Octavio Rodríguez Araujo, Arnaldo Córdova, Humberto Musacchio, José M. Murià, Héctor Díaz Polanco, Hugo Gutiérrez Vega, René Drucker Colin, Jenaro Villamil y Álvaro Delgado, entre otros. En suma, este documento fue respaldado por 1,356 firmas, entre las que destacan las de asociaciones religiosas, pastores evangélicos, rectores de las principales universidades públicas (entre ellos Marco Antonio Cortés Guardado, de la Universidad de Guadalajara), académicos, periodistas, investigadores, servidores públicos, barras de abogados, notarios, magistrados, artistas, logias masónicas, colegios de profesionistas, organismos de derechos humanos y no gubernamentales... El cierre de filas de estos actores en torno a la defensa común de la educación laica, el Estado laico y a la vigencia de nuestro régimen de libertades, representó, sin lugar a dudas, un hecho inédito en la historia de México.

Aquel primero de febrero, cerca del medio día, se dio pública lectura al citado documento y enseguida los firmantes procedieron a signar la Declaración Ciudadana México Laico en el templete instalado en el Hemiciclo a Juárez. Los miles de ciudadanos reunidos alrededor de este emblemático monumento rindieron honores a la bandera y entonaron, con espíritu cívico, el Himno Nacional. A la par de este suceso, en los principales diarios del país se publicó un amplio desplegado que daba cuenta de los enunciados de la Declaración Ciudadana a la opinión pública. 

A dos años de distancia de este histórico acontecimiento, me permito compartir con ustedes, estimados lectores, algunos fragmentos de la Declaración Ciudadana México Laico, dirigida a los senadores de la anterior Legislatura: "Con motivo del proceso de reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos […], los firmantes de la presente Declaración manifestamos nuestra profunda preocupación y formal protesta, porque con dicha reforma se busca sentar las bases para desmantelar el Estado laico en México. Por ello, en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales: Rechazamos toda reforma constitucional cuyo objetivo sea estipular privilegios; lamentamos que se utilicen nuestras libertades públicas como materia de negociación política; deploramos que una reforma constitucional como ésta, singularmente sensible para los mexicanos, se realice de forma apresurada, sigilosa y sin transparencia.

De acuerdo con la Declaración Ciudadana México Laico, el Senado debió rechazar la reforma del artículo 24 constitucional por las siguientes razones: "La intencionalidad de la reforma: el desmantelamiento del Estado laico; la manipulación de la reforma: el concepto de «libertad de religión»; y las consecuencias de la reforma: afectación de las libertades de las minorías religiosas".

"El problema esencial de la reforma del artículo 24 constitucional —refiere el documento— es su intencionalidad: se pretende usarla como punta de lanza para modificar los artículos de nuestra Constitución que son pilares del Estado laico. Para ello se busca insertar la expresión 'libertad de religión' en el texto del artículo 24, pero no para ampliar las libertades, sino para exigir al amparo de ella el establecimiento de privilegios clericales: principalmente, el reemplazo de la educación laica por instrucción religiosa en las escuelas públicas y el control de medios masivos de comunicación. La Cámara de Diputados registró expresamente el propósito de esta reforma en el Dictamen que le acompaña [...]: 'la revisión de los artículos 3º [educación laica], 5º [prohibición de pactos que menoscaben la libertad, como sucede con los votos monásticos], 27 [patrimonio eclesiástico] y 130 [separación del Estado y las iglesias]…'. Y, conviene no olvidarlo: cada retroceso del Estado laico, es un avance del Estado confesional".

En el apartado de las consecuencias de dicha reforma, el documento fue revelador y categórico: "Son las minorías religiosas quienes sufrirán principalmente las consecuencias [...]. La [pretendida] implantación de educación religiosa en las escuelas públicas ocasionará que los niños y adolescentes que profesan una fe distinta a la católica sean víctimas de actos de intolerancia y discriminación, lo que incrementará la deserción escolar. Así, la religión se convertirá en un factor de división entre los alumnos que profesan distintos credos, lo que con el tiempo será un elemento de polarización social que dañará gravemente nuestra convivencia”. Hasta aquí la cita.

A dos años de distancia, conviene subrayarlo, dos frentes ciudadanos continúan trabajando en apuntalar el Estado laico, condición indispensable para el efectivo respeto de los derechos humanos, y revertir, a través de la redacción de la ley secundaria del artículo 40 constitucional (que establece que México es una República laica), el contenido de la polémica reforma del 24 constitucional: el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJJ-UNAM), por su parte, y una Comisión de diputados federales, en la que participa activamente el Foro Cívico México Laico. “La lucha por la defensa de nuestras libertades no nos cansa”, sin duda expresarán quienes continúan en estas tareas. Un pensamiento que comparto… Ni más ni menos.

El Occidental, 28 de enero de 2014, p. 6A.

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Por Humberto García de la Mora

El pasado 16 de enero, en un hecho histórico sin precedente, la Santa Sede –o Estado Vaticano– compareció ante el Comité sobre los Derechos de los Niños de la ONU, con sede en Ginebra, para ser inquirida sobre los casos registrados de abuso sexual cometidos por clérigos y monjas en contra de niños, durante las últimas décadas. La delegación papal, encabezada por monseñor Charles Scickluna, estuvo, literalmente, en el banquillo de los acusados. En esta histórica comparecencia estuvieron en un mismo sitio víctimas, defensores, representantes de los denunciados y medios de comunicación. Es la primera ocasión que el Vaticano enfrenta el escrutinio público por los casos de abuso sexual contra menores.

Alberto Athié Gallo, ex sacerdote de la Arquidiócesis de México y figura principal en el debate del abuso sexual dentro de la Iglesia católica y el caso de Marcial Maciel, tuvo una activa participación en esta histórica comparecencia. En declaración a la prensa, el activista recordó que la Santa Sede tiene responsabilidad institucional sobre las formas en las que encubrieron a muchos sacerdotes, obispos y cardenales pederastas: "En el Vaticano existía una política permanente y sistemática de protección, de encubrimiento de los abusadores. Por tanto, existe una responsabilidad real por los abusos en las máximas autoridades de la Santa Sede, incluyendo los Papas [...]. Hay reportes de miles de casos de abusos de niños y niñas, y que no se privilegió la protección de los mismos [...]. El Vaticano, que es signatario de la convención y la ratificó, es responsable de crímenes de Estado contra niños y niñas".

Para nadie es un secreto que durante siglos, por decir lo menos, la Iglesia católica escondió y minimizó la pederastia clerical. El encubrimiento y traslado de parroquia a los sacerdotes abusadores era la regla canónica seguida por los obispos al interior de sus diócesis, a fin de "evitar el escándalo". Estas prácticas, cabe recordarlo, no tuvieron contrapesos: "La situación es la misma en todas las diócesis del mundo. Cuando la actividad sexual de un sacerdote, ya sea con adultos o con menores -aunque básicamente con éstos- comienza a ser conocida dentro de su comunidad, su superior, habitualmente el prelado al frente de la diócesis, le traslada rápidamente a otro lugar. Se acallan los rumores en el punto de partida... hasta que estallan en el punto de llegada. Y de nuevo otro traslado, a otra parroquia, a otra ciudad, a otro estado, a otro país..., la cuestión es evitar a toda costa que el escándalo se haga público, que llegue a los medios de comunicación, que salpique al obispo, que cuestione a la Iglesia" (Cf. Pepe Rodríguez, Pederastia en la Iglesia católica, Ediciones B, Barcelona, p. 207). Sobra decir que el silencio ante los abusos sexuales dentrode laIglesia católica sólo benefició a los sacerdotes delincuentes y a los prelados que los encubrieron.

La práctica encubridora antes señalada tiene un sustento: el documento "Instrucción sobre la manera de proceder en los casos de delito de solicitación", firmado por el Papa Juan XXIII y el cardenal Alfredo Ottaviani (fechado el 16 de marzo de 1962). En este texto –clasificado como secreto–se ordena a los obispos la secrecía en los casos de abusos sexuales de clérigos a la justicia civil, bajo pena de excomunión mayor (Cf. Carlos Fazio, En el nombre del Padre. Depredadores sexuales en la Iglesia, Océano, 2004, pp. 445-79). Este polémico documento, ratificado por Juan Pablo II el 18 de marzo de 2001, fue dado a conocer por Joseph Ratzinger, entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a los obispos de las más de cuatro mil diócesis católicas del mundo, para su operación. No es un hecho aislado el que el Código de Derecho Canónico, en sus artículos 489, 695, 1336, 1347 y 1394, contemple medidas aplicables en materia de abusos sexuales, reduciéndolos a reprimendas del superior... y sólo eso. 

Y es que las cifras globales sobre abuso sexual a menores por parte del clero son brutales: tan solo en Irlanda se calcula, después de varios años de investigación, que hubo cerca de 35 mil niños abusados entre los años 50 y 80 (Cf. El Universal, 6 de abril de 2010). Por su parte, la Iglesia católica de Estados Unidos ha desembolsado más de dos mil millones de dólares en compensaciones a las más de cien mil víctimas de cinco mil sacerdotes. Las circunstancias actuales han llevado al Vaticano a modificar su tradicional política: "la ropa sucia se lava en casa". A partir de 2011, ante el creciente número de denuncias, las Conferencias episcopales en el mundo anuncian "cero tolerancia" para los pederastas, e "invitan" a las víctimas a denunciar los abusos sexuales del clero. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué después de haber destruido numerosas vidas inocentes y agraviado a la sociedad con acciones tan reprobables?

A manera de conclusión, opino que el Vaticano, como sujeto de derecho internacional, debe ser obligado a reparar el daño que exigen las víctimas de abuso sexual perpetrado por el clero a través de una indemnización. Además, considero que la ONU debe establecer una comisión de la verdad y que ésta sea la encargada de investigar y recabar los nombres de sacerdotes abusadores para que éstos sean juzgados en los tribunales civiles, y que tenga una dirección para recibir denuncias al respecto. Por el contrario, acciones como el Mea culpa del papa Francisco, a estas alturas, son insuficientes y en nada ayudan a las víctimas. 

El Occidental, 21 de enero de 2014, p. 6A.

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Por Humberto García de la Mora

El 15 de diciembre de 2011, sin lugar a dudas, quedó registrado en los anales de la historia de nuestro país una de sus páginas más aciagas: la aprobación fast track de la reforma del artículo 24 constitucional, votada favorablemente por los diputados federales del PRI, PAN y un sector del PRD de la LVII Legislatura. Está documentado que los impulsores de esta polémica reforma, entre ellos la Conferencia del Episcopado Mexicano, presionaron a los legisladores de todas las bancadas para que, a través de su voto, se eliminaran los conceptos de libertad de creencias y de culto y fueran sustituidos por los de libertad de “convicciones éticas”, de “conciencia” y de “religión”, además de la inclusión del término “lo público y lo privado”. En la madrugada de aquel día, sin previa consulta ciudadana, sin la instalación de mesas de debate entre especialistas y sectores interesados, y tras un desaseado proceso, el albazo legislativo se impuso: la consigna era incuestionable.

Esta iniciativa de reforma, cabe recordarlo, fue presentada por el diputado priísta Ricardo López Pescador (sobrino del obispo de Durango), quien, en su dictamen, revelaba las aviesas intenciones de los impulsores: “Con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Asimismo, a la luz de él se requerirá tanto la revisión de los artículos 3º, 5º, 27 y 130, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público… Sin embargo, por el momento, sólo existen condiciones para concretar la reforma del artículo 24 de la Constitución…”. El trasfondo de esta contrarreforma religiosa era, en suma, desmantelar el Estado laico, quitar los candados constitucionales que blindan la educación laica y restaurar antiguos privilegios clericales, disfrazados de libertades (entre ellos, la enseñanza religiosa en las escuelas públicas), en demérito de las libertades de las minorías, quienes, pese a que con lo anterior serían vulnerados sus derechos, fueron ignoradas por los legisladores.

La aprobación de la reforma del artículo 24 constitucional, en síntesis, fue un ataque al Estado laico, al régimen de libertades de los mexicanos y un retroceso histórico sin par. Esta reforma, de suyo, ha sido la más controvertida en la historia legislativa contemporánea de nuestro país, y una de las que más polarización social ha generado, en razón de que su trasfondo no obedece a la ampliación de libertades sino al de cumplir las exigencias de la jerarquía católica, quien, enarbolando una sesgada interpretación de libertad religiosa, busca resucitar antiguos privilegios.

Esta impopular reforma, cabe subrayarlo, no solo era innecesaria sino que careció de respaldo social. Ante la imposición y arbitrariedad de esta contrarreforma religiosa, el debate se hizo ciudadano: la sociedad civil, organizada a través de casi mil de asociaciones religiosas no católicas, universidades públicas, magisterio, académicos, intelectuales, ONG’s y ciudadanos en general, durante dieciocho meses se organizó pacíficamente y advirtió sobre el retroceso histórico de 150 años que esta modificación traería consigo, entre ellas, la instalación de educación religiosa en las escuelas públicas, en agravio de las minorías, convirtiendo la religión en un factor de división social. Este escenario –se advirtió entonces– atentaría contra el derecho de todo ciudadano a no ser discriminado y quebrantaría el carácter laico del Estado mexicano, protegido por el artículo 40 constitucional.

Los sectores sociales organizados, entre ellos el Foro Cívico México Laico A.C., lograron que el avance de esta reforma no fuera terso: desplegados, búsqueda de diálogo en los Congresos Estatales, reuniones pacíficas en las plazas públicas del país para dar a conocer las consecuencias de esta impopular reforma… A dos años de distancia de dicha imposición, los mexicanos tenemos mayor conciencia del enorme valor jurídico, histórico y político de salvaguardar el Estado laico. Cito un ejemplo: para fortalecer este principio y contrarrestar la reforma del 24 constitucional, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM redacta actualmente, apoyada en juristas y especialistas en la materia, la ley secundaria del artículo 40 constitucional, que establece que México es una República laica, con el fin de blindar las instituciones laicas, entre ellas la escuela pública, y limitar las ambiciones eclesiásticas antes reseñadas.

Por último, considero que más allá de la reforma del artículo 24 constitucional, la sociedad mexicana está preparada ahora, más que nunca, para defender de manera pacífica y a través de las instancias correspondientes, el carácter laico de la educación pública, una conquista social que no puede cancelarse. Por otra parte, la cultura de la denuncia y la defensa del Estado laico son ejes centrales para la defensa del derecho a la igualdad y a no ser discriminados de las minorías religiosas. Ni más ni menos.

El Occidental, 18 de diciembre de 2013, p. 7A.

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Por Humberto García de la Mora

Durante la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que concluyó el domingo 8 de diciembre, adquirí, entre otros, un libro que satisfizo uno de mis objetos de estudio: "El derecho a la igualdad y a la no discriminación en la sociedad jalisciense. Una mirada desde la juventud universitaria", coordinado por Martha de la Mora Gómez y editado conjuntamente por la Universidad de Guadalajara, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y la Secretaría de Gobernación (2013).

En la introducción de este texto, Martha de la Mora señala que “la discriminación, en cualquiera de sus formas, constituye por sí misma un ataque a las nociones más fundamentales de los derechos humanos, al negar de forma sistemática a los individuos o a los grupos sus derechos culturales, políticos, sociales o civiles, por el motivo de tener una identidad o una creencia específica. Los derechos humanos son principios que las personas poseen desde el nacimiento y son dados de forma inalienable, sin distinción” (página 7).

Este libro –de 106 páginas– contiene ocho ensayos escritos por estudiantes de diferentes licenciaturas de la Universidad de Guadalajara durante 2010 y constituye, sin duda, un testimonio de las percepciones y propuestas que los jóvenes tienen en torno a la discriminación en Jalisco en sus diferentes facetas: por la proveniencia de universidades públicas, por género, por embarazo, por edad, a discapacitados y enfermos, por experiencia laboral, por raza o condición social… y por religión.

En relación con la discriminación por motivos religiosos, conviene recordar que ésta puede provenir de particulares, de grupos de personas (asociadas o no), de las propias instituciones religiosas y de las instituciones del Estado y es condenada como una violación a los derechos humanos. En Jalisco, de acuerdo con el texto reseñado, “las personas que no profesan las creencias de la mayoría en los grupos de trabajo, en ocasiones son discriminadas. En la solicitud de empleo hay una pregunta sobre la pertenencia a la religión, esto deja por enterado al empleador qué clase de fe profesa el solicitante con lo cual se le excluye como candidato al empleo” (página 76). La práctica anterior, la pregunta sobre la religiosidad del solicitante de empleo, se mantiene como política laboral en la empresa “Farmacias Guadalajara”.

Sin lugar a dudas, la obra reseñada confirma que la discriminación por motivos religiosos es un flagelo social que, lamentablemente, continúa al alza en Jalisco. Y es que, de acuerdo con un estudio reciente, 22 de cada 100 habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) no estarían dispuestos a permitir que alguien con otras creencias viviera en su casa y nueve de cada 100 han sentido que sus derechos no han sido respetados a causa de su religión. De las personas pertenecientes a una minoría religiosa en el país, 30 de cada 100 consideran que tienen menos oportunidades en obtener un empleo que el resto de la población, y casi 40 de cada 100 ganan menos salario que otras personas (Cf. Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, Conapred).

En este tenor, Ignacio Cuevas, asesor del Conapred, así advierte: “Entre más desconocidas son […] las religiones practicadas por grupos minoritarios, son más proclives a ser discriminados. En la sociedad mexicana imperan parámetros que responden a la religión dominante, cuando aparecen los de otras creencias son desconocidos y por tanto excluidos. Esto continuará mientras no haya información suficiente de la diversidad religiosa […], lo que conlleva más trabajo para la apertura y el combate a la discriminación […]. La misma falta de información provoca que sucedan casos de discriminación inconscientes: las manifestaciones de exclusión por tener una religión distinta se dan al poner obstáculos para ejercer una creencia, señalar, o negar servicios…” (El Informador, 23 de noviembre de 2013).

A pesar de que el Artículo 1º Constitucional destaca el derecho de los mexicanos a no ser discriminados por ningún motivo y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que el Estado mexicano garantiza en favor del individuo el derecho de “no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas” (Artículo 2º), en la práctica este fenómeno sigue presente en nuestra sociedad. Ante la pervivencia de dicho flagelo, el Conapred y las Comisiones de Derechos Humanos son las instancias indicadas para presentar cualquier queja en contra de prácticas discriminatorias. Por último, resulta apremiante que Jalisco cuente con su Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y que Guadalajara cuente con su Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminación. “Ante problemas reales, soluciones reales”, reza el refrán popular. Ni más ni menos.  

El Occidental, 10 de diciembre de 2013, p. 6A.

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Por Humberto García de la Mora

“Un lector es alguien que además de leer todo lo que debe leer por obligación, lee también por gusto, sin que nadie lo obligue, no porque esté estudiando, no porque esté trabajando o porque vaya a sacar un beneficio inmediato de esa lectura, sino porque está formándose como ser humano”.

Felipe Garrido

Creada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), es actualmente el mayor mercado mundial de publicaciones en español. Es, a decir de muchos, la fiesta Iberoamericana del libro. Y es que, quienes somos lectores, disfrutamos nuestra asistencia anual a la FIL: encontramos libros nuevos, participamos de encuentros con autores, asistimos a conferencias… disfrutamos de uno de los festivales culturales más importantes de América Latina. Pareciera por un momento que nuestra ciudad en su conjunto se vuelca a los libros y se convierte en una urbe lectora.  Escenario mejor no pudiera existir. Sin embargo, al contrastar esta quimera con la realidad, el resultado es revelador: muchos libros, pocos lectores.

Dejando de lado por un momento la fiesta de los libros, que disfruto mucho al igual que miles de visitantes, para nadie es un secreto que en México se lee poco. De acuerdo con datos recientes de la UNESCO, México se encuentra en el lugar 107 de 108 en índice de lectura (Cf. Proceso, 23 de abril de 2013). En este reporte se señala que la mayoría de los entrevistados dijo que lee para informarse, luego para estudiar, en tercer lugar por la escuela y un porcentaje muy bajo lo hace por gusto. Quienes leen lo hacen por actividades ligadas por lo general a la escuela y no por placer (el 28 por ciento de los universitarios no lee libros fuera de los de sus clases, por citar un ejemplo). En México, más de la mitad de la población de 12 años de edad en adelante, no lee libros por gusto, mientras que una tercera parte de los mexicanos nunca ha tenido un acercamiento con uno de esos materiales escritos. El mexicano promedio lee 2.8 libros al año, en contraste con España (7.5) o Alemania (12).

Las cifras y estadísticas robustecen el desolador escenario: en México sólo existe una biblioteca por cada 15 mil habitantes y una librería por cada 200 mil, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura 2012 (Ídem). La tendencia negativa del número de librerías pasó de 42,045 establecimientos en 2006 a 39,999 en 2010, y el descenso del índice de lectura de la población general disminuyó de 54.6% en 2006 a 46% en 2012. Esta encuesta refiere que el 41% de la población dedica su tiempo libre a ver televisión, mientras que sólo el 12% dedica este tiempo a la lectura. Otro dato revelador señala que el 40% de la población nunca ha entrado a una librería, de las cuáles en México existe una por cada 200 mil habitantes. Sobra decir que el escenario antes reseñado es lamentable. En mi opinión, considero que entre los factores que han favorecido el bajo índice de lectura de los mexicanos se encuentran los siguientes:

a)    La falta del hábito lector en el seno familiar.

b)   El bajo perfil académico de algunos maestros de educación básica, con sus honrosas excepciones, quienes no leen y que, por ende, no se puede esperar que sean agentes de lectura entre sus alumnos ni promotores de ese hábito. Al no fomentar la lectura de los diversos géneros literarios, ni promover círculos de lecto-comprensión, ni impulsar el interés por las bibliotecas entre sus educandos, los docentes cancelan la oportunidad de que sus pupilos descubran la vocación literaria que llevan oculta.

c)    La influencia de la televisión en las familias mexicanas, en cuya carga horaria desfilan innumerables telenovelas, tanto del Canal de las Estrellas como de Tv Azteca, además de la transmisión de programas enajenantes (llenos de morbo, violencia y fanatismo religioso), como “Laura”, “Cosas de la Vida”, “La Rosa de Guadalupe”, etcétera.

d)   El inevitable uso de las nuevas tecnologías, como Internet y los Smartphone, que han influido en el estilo de vida de las generaciones contemporáneas. Para muchos estudiantes, por citar un ejemplo, ya no es necesario leer un libro completo para buscar determinada información (ni conocer su contexto); basta con introducir la palabra clave en los motores de búsqueda de la red y con ello evitar una tortuosa lectura que, dicen algunos, es ociosa e innecesaria.

e)  Por último, uno de los factores que ha más ha influido en el bajo índice de lectura de los mexicanos es, sin lugar a dudas, el costo elevado de los libros, que los hace prácticamente inalcanzables para muchos. El impuesto a los libros es una práctica monopólica que limita su adquisición y favorece que su lectura sea un privilegio de muy pocos.

A manera de conclusión, estoy convencido de que la educación y la lectura son herramientas únicas que pueden mejorar la formación cívica de los mexicanos. En este sentido, el Gobierno Federal debe otorgar más recursos para el impulso a la educación, el deporte y la cultura en beneficio de millones de niños y jóvenes. No debe escatimar ni un ápice en este renglón. Debe apoyar decididamente al Magisterio (mejores sueldos, capacitación continua, prestaciones laborales, etcétera), y cancelar programas televisivos que están haciendo un grave daño a la sociedad mexicana. Y es que nuestro país exige una revolución educativa, en el marco del Estado laico, que sea capaz de generar oportunidades para las nuevas generaciones de mexicanos. Si el Estado no es capaz de fomentar esta transformación entre sus habitantes, continuará marcando la desigualdad social. Por ende, el índice de lectores seguirá a la baja. Ni más ni menos.

El Occidental, 3 de diciembre de 2013, p. 7A.

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El pasado 24 de noviembre, el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), aseguró que es preocupante para la Iglesia católica la “desbandada de la juventud hacia otras religiones”, y consideró que entre las causas de este éxodo se encuentran: “La falta de formación catequética, la influencia negativa que reciben de docentes, particularmente en las escuelas públicas, y el hecho de que muchos padres han renunciado a transmitir a sus hijos la fe católica” (La Jornada, 25 de noviembre de 2013, p. 41).

El Arzobispo tapatío, en este contexto, agregó: “La razón es que el joven tuvo de niño una catequesis para recibir la primera comunión y ya no asiste más a la formación de su fe. Esa escasa formación para recibir los sacramentos no le ayuda para sostenerse en su fe católica. A eso añadimos que van a escuelas, sobre todo públicas, donde encuentran maestros que los cuestionan, les hacen acrecentar sus dudas y sus sospechas, y entonces se separan de la fe” (Ídem).

El discurso del cardenal Robles tiene diferentes lecturas. Para el prelado, la educación pública que imparte el Estado –laica, gratuita y obligatoria– es una amenaza para la fe católica; los profesores de educación básica, quienes aplican en su enseñanza el criterio científico –apegados al plan de estudios de la SEP– son una “influencia negativa” para los alumnos; la educación laica, junto con el desinterés de los padres de familia en inculcar educación religiosa a sus hijos, es la responsable de que la juventud católica abandone sus creencias y emigre a “otras religiones”, acto que descalifica…

Con estas declaraciones, el cardenal exhibe, sin matices, la cruzada que encabeza la jerarquía católica contra el Estado laico, la educación pública –laica, gratuita y obligatoria– y el avance de las minorías religiosas en el país. ¿A qué escenario nos quiere llevar el Episcopado Mexicano? ¿A que, en aras de contener la desbandada religiosa a “otras religiones”, se derogue el artículo tercero constitucional y se suprima la educación laica? ¿Qué con los impuestos de todos los mexicanos, creyentes y no creyentes, el Estado provea catequesis en las escuelas públicas ante el fracaso de la Iglesia católica al interior de sus parroquias? ¿A qué las aulas se conviertan en espacios donde la discriminación religiosa se dispare sin control alguno en perjuicio de las minorías?

Definitivamente, el origen de dicha desbandada no tiene su origen en la educación laica o en el magisterio, sino en el fracaso de la catequesis católica al interior de las parroquias. Años atrás, el cardenal Juan Sandoval escribía que “la ignorancia religiosa del pueblo católico es enorme, grave, extrema […]. Generalmente se vive una fe que han transmitido nuestros mayores y que es, por lo tanto, una fe de tradición; una fe apoyada en celebraciones multitudinarias, en manifestaciones de religiosidad popular, en peregrinaciones, etcétera, mas no es una fe que se haya asumido con convencimiento personal porque no se conoce; no se conocen a fondo sus dogmas, la enseñanza de la Iglesia y demás” (Semanario, edición 441, 17 de julio de 2005, p.3). Los padres que han renunciado a transmitir a sus hijos la fe católica lo han hecho porque, en suma, no la conocen. Por otra parte, esta tarea no es responsabilidad del Estado. Se añade a lo anterior que las encíclicas del Papa o muchos de sus llamados son prácticamente ignorados por los fieles, quienes siguen otras pautas de conducta y de moral ajenas a los dictados de sus obispos.

A manera de conclusión, considero que el fracaso catequético de la Iglesia católica al interior de sus parroquias (confeso), la escasez de curas, el colapso del sacerdocio en muchos países y los escándalos sexuales suscitados al interior del clero, entre otros factores, son las verdaderas causas de la desbandada a que se refiere el cardenal Robles, y no la educación laica, que, en honor a la justicia, ha permitido a generaciones de mexicanos un espacio de igualdad, libertad y no discriminación. El Gobierno federal, legisladores, magisterio, universidades públicas, académicos y sociedad en su conjunto, debemos caminar juntos en la defensa de una de las conquistas sociales que los mexicanos disfrutamos: la educación laica. ¡Ni un paso atrás en la defensa de nuestro régimen de libertades!

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Por Humberto García de la Mora

"La intolerancia es tan vieja como la aversión a lo diferente."

Zvi Yavetz

La discriminación religiosa en nuestro país –de acuerdo con estudios recientes– crece de manera preocupante y sigue cobrando más víctimas. De manera particular, los índices que arroja este flagelo social han encendido focos rojos en las zonas rurales e indígenas. Los casos de persecución religiosa de católicos contra evangélicos, que se libran con absoluta impunidad en estas comunidades, van acompañados de expulsiones, violaciones, asesinatos y crímenes cometidos por individuos de las mismas etnias, quienes justifican tales acciones por motivaciones religiosas.

Lamentablemente, la aplicación de los "usos y costumbres" y la custodia del culto católico han sido las excusas de los intolerantes para cometer delitos que saben bien quedarán impunes. La indolencia de las autoridades civiles –en sus tres niveles– ante los casos de intolerancia religiosa resulta aún más lamentable: la falta de aplicación de la ley a los infractores de un delito –a quienes en el mejor de los casos se les invita al "diálogo de las dos partes"– y el apoyo tácito de aquellas a los responsables del acoso y la persecución a las minorías religiosas en nuestro país. Esta perversa connivencia ha propiciado que el clima de discriminación e impunidad en perjuicio de las minorías religiosa siga al alza sin contrapesos legales serios, a pesar de que constitucionalmente vivimos en una República laica en donde los mexicanos tenemos el derecho a no ser discriminados.

La reflexión anterior, estimados lectores, viene a colación ante el reciente caso de intolerancia religiosa perpetrado en nuestro país el pasado 5 de noviembre en San Juan Ozolotepec, Oaxaca, cuando una turba de fanáticos católicos, encabezadas por el alcalde Pedro Cruz González, destruyó un templo evangélico. En estos reprobables hechos, el pastor Leopoldo Alonso Silva y otros pobladores, quienes se opusieron a la demolición, fueron encarcelados. El titubeo y lentitud de las autoridades para ofrecer una solución ante tal agresión, conforme a Derecho, dejó mucho qué desear. La impunidad terminó por imponer su oscura soberanía.

En relación con la figura discutible de los "usos y costumbres" –que en cierta medida alienta la impunidad y abona para el clima de intolerancia religiosa que se vive en nuestro país–, comparto la opinión de Roberto Blancarte cuando señala que "existen otras razones que generan diversas formas de discriminación religiosa como incluso bajo un manto legal. Es el caso, en particular, de los usos y costumbres de las comunidades indígenas en diversos estados de la República. Está claro que en muchos casos hay una contradicción, no siempre salvable, entre los derechos individuales garantizados por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y una determinada interpretación de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Uno de estos casos es el relativo a la libertad de conciencia y de culto, que no siempre es respetada por considerarse atentatoria para la unidad de la comunidad.

"La discriminación comienza en este contexto, de manera paradigmática, cuando un individuo o un grupo de personas se niega, por sus creencias, a participar y cooperar en las fiestas tradicionales del pueblo, ligadas generalmente a celebraciones religiosas, en particular de la virgen o del santo patrono de la localidad. Si una persona o una comunidad religiosa minoritaria rechazan contribuir al sostenimiento de la fiesta, a la reparación de un templo o cualquier obra relacionada con la Iglesia, inmediatamente es proscrita de la asamblea comunitaria. En muchos casos los individuos y las familias pertenecientes al grupo disidente comienzan a ser discriminados: los niños no son admitidos en la escuela, los servicios públicos les son suspendidos o abiertamente se ordena el destierro. En algunas ocasiones el grupo religioso minoritario logra negociar su permanencia en la comunidad a cambio de la prestación de otros servicios de interés público o de que las cuotas entregadas no se dediquen a actividades de la Iglesia mayoritaria, pero aun así ello no exime el carácter discriminatorio de las multas o condenas a la que estos individuos o grupos son sometidos" (Roberto Blancarte, Libertad religiosa, Estado laico y no discriminación, Conapred, México, 2008, pp. 52-53).

A manera de conclusión, considero que más allá de la creación de ordenamientos jurídicos que prevengan y sancionen toda práctica discriminatoria –que es un paso importante y aplaudible, sin duda–, el Gobierno Federal y sus pares (estatales y municipales) deberían combatir con toda la fuerza del Estado a la impunidad y aplicar la ley sin distingo ni privilegios, tal y como lo establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Con tales medidas, seguramente, no se repetirían casos como el de San Miguel Canoa o San Juan Chamula... o San Juan Ozolotepec.

El Occidental, 12 de noviembre de 2013, p. 6A.

www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3189845.htm

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Por Humberto García de la Mora

El pasado 7 de octubre, los regidores por el Partido Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera y María Candelaria Ochoa Ávalos, respectivamente, dieron a conocer una iniciativa para expedir el “Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminación”. En su exposición de motivos, los ediles tapatíos destacaron que con este ordenamiento se busca prevenir, sancionar y erradicar todo acto discriminatorio que se ejerza contra cualquier persona física, grupo o entidad colectiva entre los habitantes de Guadalajara.  

Leí con singular interés el proyecto de Reglamento. Aunque perfectible, considero que representa un paso importante en la tutela gubernamental en favor de los derechos humanos y del derecho de los tapatíos a no ser discriminados, en ninguna de sus formas. Cabe señalar que esta iniciativa de Ley municipal, de ser aprobada por el Ayuntamiento de Guadalajara, vendría a reforzar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, promulgada el 11 de junio de 2003. Al respecto, estimados lectores, comparto con ustedes las siguientes reflexiones:

En la exposición de motivos de este proyecto de Ley, los impulsores refieren que “resulta inadmisible que ni el estado de Jalisco ni el municipio de Guadalajara cuenten con una legislación para combatir y erradicar las prácticas discriminatorias (…). La lucha contra la discriminación debe partir de una invitación para que los individuos reflexionen sobre dicha problemática, de la que son víctimas miles de tapatíos…”. A pesar de la importancia que reviste, el Estado laico no es mencionado en el documento, pese a quesu papel en México es crucial para preservar los derechos y libertades de las minorías, en el marco del respeto a la pluralidad existente en el país. En razón de que la laicidad es un antídoto contra la discriminación, considero que la primera debería estar incluida entre la fundamentaciones que justifiquen este Reglamento.

Considero que la discriminación contra las minorías religiosas es un apartado que debió ser abordado con mayor análisis en la exposición de motivos, en razón de que es un secreto a voces que en las principales ciudades del país, entre ellas Guadalajara, este flagelo pervive sin contrapesos: “Es bien sabido –escribe Roberto Blancarte– que la discriminación por motivos religiosos se presenta de diversas formas. Existe la discriminación evidente y la oculta o disfrazada (...), [ésta] puede darse y existe de hecho en México en las zonas más urbanizadas, escolarizadas y de mayores niveles de ingreso económico. Lo anterior no debería extrañarnos…” (Nexos, n. 322, octubre de 2004, p. 43). Por su parte, Carlos Monsiváis coincide con lo anterior: “¿Por qué, pese al crecimiento notorio de las iglesias minoritarias, el Estado y la sociedad las conocen tan mal y tan despreciativamente, como si los que profesan las otras creencias no merecieran ninguno de los derechos humanos? (…) ¿Por qué no se ha dado la crítica a la intolerancia religiosa en los sectores liberales, democráticos y de izquierda?” (“El Estado laico y sus malquerientes”, UNAM, México, 2008, pp. 156-57).

En el apartado del Reglamento, en el artículo 10, se lee: “Las disposiciones de este ordenamiento tienen por objeto la prevención y protección de toda persona o grupos de personas nacionales o extranjeras, que puedan ser sujetos de cualquier acto de discriminación, proveniente tanto de las autoridades o los órganos públicos municipales…”. Se señala, además, que no se podrán realizar dentro del municipio las siguientes conductas discriminatorias: “Obligar a actuar en contra de las creencias religiosas y convicciones éticas o filosóficas, cuando éstas no contravengan las disposiciones legales aplicables…” (Artículo 11, fracción XVII). En relación con lo anterior, propongo a los citados regidores, en reconocimiento a la dignidad de las personas que profesan creencias distintas a la mayoritaria o que no profesan ninguna, que quede estipulado en el Reglamento la prohibición de imágenes religiosas y altares en los edificios públicos (Cruz Verde, Estancias Infantiles, Dependencias Municipales, etcétera), en razón de que con ello se consuma una conducta discriminatoria.

Por último, en el artículo 19, fracción III, se establece que la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Equidad de Género recibirá las “reclamaciones por presuntos actos u omisiones y prácticas discriminatorias ocurridas dentro del municipio…”. En este apartado me surge una duda: ¿qué pasaría si, hipotéticamente, en algunas escuelas públicas asentadas en el municipio de Guadalajara se comenzara a impartir la religión católica a los alumnos? ¿Qué pasaría si los maestros insisten en obligar a los niños pertenecientes a las minorías religiosas a participar en los altares de muertos –como acontece cada año–, cuando estas prácticas son atentatorias contra la conciencia de miles de niños que no comparten este rito? ¿Podrían aplicarse las sanciones del reglamento municipal a las autoridades escolares que practiquen tales actos discriminatorios?

En suma, considero que los tapatíos podemos aportar elementos para enriquecer el “Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, además de poner en práctica la cultura de la denuncia ante cualquier caso de discriminación. “Mientras vivamos en una ciudad que promueve y justifica estigmas y estereotipos, va a hacer muy difícil avanzar hacia una sociedad verdaderamente contemporánea”, nos recuerda uno de los regidores impulsores de esta Ley municipal. ¡Ni un paso atrás en la defensa de nuestro régimen de libertades!

El Occidental, 5 de noviembre de 2013, p. 6A.

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Por Humberto García de la Mora

El pasado 17 de octubre, el secretario ejecutivo de la Dimensión de Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Eduardo José Corral Merino, afirmó que la Iglesia católica busca participar en los planes educativos de la Secretaría de Educación Pública. Ante tal pretensión, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) –organismo afín a la jerarquía católica– anunció la implantación de “talleres de valores” en las escuelas públicas a partir de febrero de 2014.

Es claro que la implantación de los “talleres de valores” es una nueva estrategia episcopal que pretende apuntalar la educación religiosa en las escuelas públicas. Esta maniobra, cabe subrayarlo, no significa que la jerarquía católica haya cejado en su empeño por desmantelar el Estado laico; al contrario, ésta sigue trabajando con los líderes de las bancadas legislativas para que los artículos 3º, 5º, 27 y 130 constitucionales, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sean modificados y con ello el Estado mexicano provea catequesis en las escuelas oficiales, con cargo al erario. Nos encontramos, pues, ante una reedición  del ataque sistemático contra la educación laica.

Y es que después de la aprobación de la polémica reforma del artículo 24 constitucional –en donde se sustituyó el concepto de libertad de creencias y de culto por el de libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión–, así como de la fallida alianza del Episcopado mexicano y el SNTE (quienes coordinarían conjuntamente el plan de estudios de educación básica), ahora, el Epsicopado recurre a uno de sus organismos filiales: la Unión Nacional de Padres de Familia.

Ante esta estrategia, surge la siguiente interrogante: ¿Representa la UNPF los intereses de todos los padres de familia mexicanos? ¿O es otro de los organismos laicales que promueven y defienden los intereses de la jerarquía católica? Este grupo, que es afín al cardenal Norberto Rivera, fue fundado el 27 de abril de 1917 como Asociación Civil para oponerse a la educación laica. En 1926, el Secretariado Social Mexicano, creado por el episcopado de la época, “confiaba a los Caballeros de Colón la promoción de la UNPF, para combatir el artículo tercero constitucional” (Miguel Romero de Solís, “El aguijón del espíritu. Historia contemporánea de la Iglesia en México”, imdosoc, México, 1994, p. 268).

En 1997, la dirigencia de la UNPF, encabezada por Ricardo E. Esponda, estableció algunas de sus líneas generales, entre otras la de “ser reconocidos plenamente como el tercer sector de la educación, junto con los maestros y autoridades escolares (…), así como luchar por el mejor tipo de educación que desean escoger todos los mexicanos para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones [religiosas]” (Cf. “Cumbre”, año 6, núm. 75, junio de 1997). Por su parte, Consuelo Mendoza, actual presidenta de la UNPF, declaró que el contenido de los “talleres de valores”: “Se basará en los contenidos de ‘Educar para una nueva sociedad’” (Reforma, 20 de octubre de 2013). Cabe recordar que este documento, editado por la CEM en 2012, pugna por la educación religiosa católica en las escuelas públicas y la cancelación de la educación laica: “Queda un largo camino para cambiar no sólo algunas leyes, sino la mentalidad de los responsables de la política educativa en orden a garantizar y respetar las libertades para todos y el derecho primario de los padres a la educación de sus hijos […], de acuerdo a sus convicciones éticas y religiosas” (p. 98). En suma, la Unión Nacional de Padres de Familia no es un interlocutor válido de la sociedad mexicana ni representa el sentir de los padres de familia en el terreno educativo. Es otra de las fachadas de la ultraderecha en nuestro país.

Me faltaría espacio para advertir sobre los riesgos y escenarios que la introducción de educación religiosa en las escuelas públicas traería consigo en perjuicio del derecho de los mexicanos a no ser discriminados (de manera particular los integrantes de las minorías religiosas). Resulta apremiante que el Magisterio, las universidades públicas, los académicos, los legisladores, los funcionarios públicos, las minorías religiosas y los ciudadanos en general, alcemos nuestra voz y no permitamos que una de las más caras conquistas sociales, la educación laica, sea socavada. Y es que, como lo señaló Carlos Monsiváis, “la educación religiosa en las escuelas públicas sería un retroceso atroz que nuestro país no merece”. Aún es tiempo…

El Occidental, 22 de octubre de 2013, p. 6A.

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